El gobierno de Laurentino Cortizo intenta impulsar el uso de la firma electrónica en el Estado. Ayer, el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley que norma esta modalidad digital, con el objetivo de agilizar los trámites.
De acuerdo con los planes del Gobierno, a través de la firma electrónica, el presidente, los ministros y viceministros podrán disminuir la tramitología y el exceso de documentación.
Esperan con esto que también sea más expedito para el pago de impuestos.
Entre los beneficios de la firma digital están el ahorro de tiempo, con trámites más rápidos, seguridad y garantía de igualdad en el trato en todos los procesos.
En Panamá existe el marco legal que otorga al Registro Público atribuciones para la administración de la firma electrónica.
La Dirección Nacional de Firma Electrónica es una dependencia del Registro Público de Panamá, responsable de la gestión de los certificados electrónicos para la República de Panamá.
Dicha dirección fue creada mediante Ley Nº 82 de 9 de noviembre de 2012, para el desarrollo y vigilancia de servicios de certificación de firmas electrónicas, como lo define la Ley Nº 51 de 2008.
Ayer, el vicepresidente José Gabriel Carrizo habló sobre la necesidad de utilizar la firma electrónica en todos los trámites del Estado, para que la administración pública sea más transparente. Sus declaraciones se dieron al finalizar el Consejo de Gabinete.