Un total de 76 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sin Estados Unidos, firmaron en París una convención para luchar contra la llamada optimización fiscal, una práctica legal pero cada vez más criticada con la que las multinacionales intentan pagar el mínimo de impuestos posible.
La firma de este convenio multilateral marca un antes y un después en la historia de los convenios fiscales, declaró Ángel Gurría, secretario general de la OCDE.
Esta convención traduce una voluntad política muy fuerte para poner fin a la planificación fiscal agresiva, dijo Pascal Saint-Amans, director del centro de política y administración fiscal de la organización, impulsora del texto.
La convención es un paso más en los esfuerzos de la OCDE para luchar a nivel internacional contra la llamada erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS por sus siglas en inglés).
Este nombre técnico hace referencia al mecanismo con el que las multinacionales trasladan sus beneficios de un país a otro para evitar pagar impuestos, usando sofisticados mecanismos contables.
Entre los firmantes se hallan Andorra, Irlanda, Luxemburgo, Singapur, Hong Kong, Uruguay y Suiza.
La optimización fiscal está considerada abusiva y permite a los grupos internacionales jugar con convenciones fiscales bilaterales entre países para no pagar impuestos, algo que la convención multilateral de la OCDE quiere remediar.
Según Saint-Amans, la optimización fiscal se ha convertido en una auténtica industria, y cita un informe del Gobierno de Holanda, según el cual entre 8 mil y 12 mil abogados viven de esta práctica.
Para combatirla, el texto firmado el miércoles tendrá como efecto inmediato sustituir a las convenciones bilaterales existentes, una manera de evitar verificar uno por uno las leyes en vigor.
“Es algo sin precedentes, nunca se había hecho”, dijo Saint-Amans. “Se trata de un ejercicio jurídico innovador. Es verdad que es un poco complejo, pero mucho menos que renegociar todas las convenciones, un proceso que tomaría 30 años”, explicó Saint-Amans.
Estados Unidos no se unió a la ceremonia. Una decisión que fue tomada antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, explicó una fuente diplomática.