Un aumento sustancial de los costos de la construcción provocada por un incremento en los salarios de los trabajadores tendría un efecto directo en el precio de la vivienda y dejaría a miles de panameños sin acceso a una propia.
De acuerdo con un informe del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda) hay 52 mil familias que no pueden pagar más de $30 mil por una vivienda. Y en este segmento, el más bajo del mercado, apenas se están ofreciendo proyectos porque los costos suelen ser superiores.
“Si el precio sigue aumentando, aun más familias estarían imposibilitadas de comprar vivienda digna en los próximos años”, apuntó el gremio en la presentación.
Actualmente, el 75% de las viviendas que se venden en el país está dentro del rango del interés preferencial, es decir, por debajo de $120 mil. Según Convivienda, en esos precios compran sus residencias los panameños de clase media trabajadora y profesional, aquellos que tienen salarios entre $450 y $1,800. Los empresarios advierten de que “cualquier aumento desproporcionado en salarios en el sector de la construcción... haría que un porcentaje “muy alto” de panameños no pueda comprar viviendas, incluso dentro del interés preferencial”.
La cuestión salarial es lo que separa a representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y a los empresarios, representados por la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).
Las diferencias en la mesa de negociación son sustanciales: mientras los sindicatos aspiran a un aumento de más del 100% en los cuatro años de vigencia del nuevo convenio, los empresarios ofrecen un 25%.
Además de la cláusula estrictamente salarial, hay otras cinco reivindicaciones económicas no salariales que separan a las partes. El sindicato solicita el pago de 45 horas por 40 trabajadas, alimentación diaria en la media jornada para todos los trabajadores, facilidad de transporte diario para todos los trabajadores, 12 juegos de uniformes y $150 en una bonificación navideña. Para las empresas, estas reclamaciones se traducirían en un aumento de $376 más al mes.
En la jornada de ayer, la tercera de paro, las partes se cruzaron acusaciones. Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, dijo que un 98% de las obras en el país estuvo paralizada. Además, reclamó a los empresarios que hicieran públicas las ganancias que tienen por su actividad. Consultado al respecto, el vocero de la Capac, Eduardo Rodríguez, contestó que lo harán cuando los sindicatos divulguen lo que reciben en cuotas sindicales y en qué lo utilizan. “Que comience dando el ejemplo de decir en qué gastan más de $12 millones en cuotas sindicales todos los años. O si con esas cuotas están financiando actividades políticas”, dijo el empresario.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó ayer que cada día de huelga de los trabajadores en la ampliación del Canal genera nuevos retrasos en la culminación de la obra, afecta a las proyecciones de ingresos y erosiona la reputación de confiabilidad del país como ruta.
Directiva y administración de la ACP hicieron un llamado “para que se reactiven, cuanto antes, los trabajos en el proyecto, para evitar que Panamá entero sufra serios perjuicios”.
La administración recordó que luego de una huelga en 2012 se acordaron aumentos salariales de 15% para trabajadores calificados y 12.5% para los no calificados.
Las obras del Canal se reanudaron de forma parcial el pasado 20 de febrero tras 16 días de parálisis por las diferencias entre la ACP y su principal contratista, Grupo Unidos por el Canal. Terminada la crisis se anunció que la obra culminaría en diciembre de 2015, un año y dos meses después de lo previsto en el contrato original.
ROBERTO GONZÁLEZ J.