Los programas gubernamentales de asignaciones monetarias a sectores de menos ingresos benefician a unos 113 millones de latinoamericanos, equivalentes al 19% de la población regional, dijo ayer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La cifra está contenida en una nueva base de datos elaborada por el organismo acerca de los programas de protección social no contributiva en la región, que el organismo de Naciones Unidas define como “Programas de transferencias condicionadas (PTC)”.
Estos programas operan en 18 países de la región y benefician a más de 25 millones de familias que suman unas 113 millones de personas, equivalentes al 19% de los habitantes de América Latina y el Caribe.
En la lista de programas que componen la base de datos figuran, entre otros, la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y el programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, de Argentina; los bonos Juancito Pinto y Madre Niña-Niño Juana Azurduy, de Bolivia, así como Oportunidades (Programa de Desarrollo Humano, ex Progresa), de México. También la Bolsa Alimentao y Bolsa Familia, de Brasil; Chile Solidario, de Chile; Familias en Acción, de Colombia; los programas Avancemos y Superémonos, de Costa Rica, y los Bonos de Desarrollo Humano y Solidario, de Ecuador, así como otros de Guatemala, Jamaica, Honduras, Nicaragua, Panamá, México, República Dominicana, Uruguay y Paraguay, entre un total de 40.
La base de datos entrega información detallada sobre los distintos componentes de los PTC, así como datos sobre gasto, cobertura y montos de las transferencias monetarias.
Según la Cepal, estos programas son una herramienta importante dentro de las políticas sociales, que buscan aumentar los niveles de consumo de las familias por medio de transferencias monetarias y así reducir la pobreza en el corto plazo.
Además, contribuyen a fortalecer el desarrollo humano de los miembros de estas familias para romper con la reproducción intergeneracional de la pobreza.
