WASHINGTON, D.C., Estados Unidos.– Un prominente banco de Washington acaba de admitir culpabilidad penal en un caso que ilustra la doble moral con que Estados Unidos ha exigido medidas de bancos extranjeros sin hacer igual con los bancos de su propio patio.
El Riggs Bank, que por décadas se auto describía como "el banco más importante de la ciudad más importante del mundo", ha confesado su actuación criminal al encubrir el movimiento de dineros depositados por el ex dictador chileno Augusto Pinochet y el dictador de Guinea Ecuatorial. Es un caso de lavado de dinero que aparentemente contó con la complicidad del funcionario federal encargado de vigilar el sistema bancario de Washington, D.C.
El caso tiene ironía para Panamá porque en los años 90, el Gobierno estadounidense presionó mucho al Estado panameño sobre la necesidad de entablar medidas para controlar –o por lo menos desincentivar– el tráfico y el lavado de dinero en el país.
En Estados Unidos se acusó que el entonces presidente Guillermo Endara le había servido de abogado a Manuel Contreras, jefe de la policía secreta chilena bajo Pinochet, y le había creado unas empresas fantasmas para facilitar el movimiento de su dinero.
Más adelante hubo listas negras, amenazas y críticas hasta que Panamá modificó su legislación para complacer a Estados Unidos y adoptó la política de "conozca a su cliente" que Washington recomendaba.
El escándalo estalló en julio del año pasado, cuando un informe del Senado de Estados Unidos reveló que Riggs había violado las leyes sobre lavado de dinero en su manejo de ciertas cuentas millonarias. Parece que entre cuatro y ocho millones de dólares estaban en las cuentas de Pinochet, dictador de Chile entre 1973 y 1990.
Además del asunto Pinochet, el informe del Senado señaló otras 150 cuentas "igualmente preocupantes". Las cuentas del dictador de Guinea Ecuatorial sumaban unos 300 millones de dólares. Riggs aceptó pagar 25 millones de dólares en multas civiles por su violación de las leyes contra el lavado de dinero y 16 millones de dólares tras admitir culpabilidad penal.
