El Gobierno de Brasil está promoviendo un proyecto de ley en la Cámara baja del Congreso que flexibilizaría las leyes laborales que datan de 1943 y que las empresas dicen obstaculizan el crecimiento.
La legislación permitiría que las negociaciones entre empleadores y trabajadores anulen la legislación en cuestiones tales como vacaciones y horas extraordinarias, pero no en beneficios de seguridad social o salud. La nueva ley también permitiría una compensación monetaria a los trabajadores que renuncien. En la actualidad, los pagos se limitan principalmente a los que son despedidos.
Flexibilizar las normas laborales de Brasil podría ayudar a impulsar la inversión y sería una señal de que la agenda de reformas del presidente Michel Temer está encaminada, a pesar de la creciente oposición a su propuesta emblemática de reducir los pagos de pensiones. A diferencia de la enmienda constitucional a las pensiones que requiere una mayoría de tres quintas partes, la reforma laboral solo requiere una mayoría simple para convertirse en ley.
La legislación actual fue inspirada en los derechos laborales italianos redactados bajo Benito Mussolini en la década de 1940 y hace obligatorias las contribuciones a los sindicatos.
“Estamos en el siglo XXI, pero Brasil tiene leyes laborales de principios del siglo XX”, dijo Ricardo Tripoli, líder de la Cámara baja del partido PSDB, uno de los más grandes de la coalición gobernante de Temer. “Políticamente, su aprobación es importante para demostrar que estamos en el camino de la recuperación económica”.
Los inversores están observando el debate de cerca como un barómetro de la reforma de pensiones que muchos dicen podría hacer triunfar o fracasar los esfuerzos del gobierno para apuntalar las arcas públicas, restaurar la confianza de los inversionistas y ayudar a recuperar la calificación crediticia de grado de inversión del país. “La reforma laboral, que en sí ya es muy importante, es un termómetro de lo que puede suceder con la reforma de pensiones”, dijo Ignacio Crespo, economista sénior de Guide Investimentos. Los críticos dicen que la legislación actual ya ofrece suficiente flexibilidad para permitir acuerdos entre empleadores y trabajadores y no es un obstáculo para la creación de empleo.