El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo ayer a este diario que junto con el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas está dando seguimiento al proceso de arbitraje interpuesto por la constructora española Sacyr contra el Estado panameño.
“El Estado ha contratado a un equipo legal para defender los intereses de la República de Panamá”, manifestó la Cancillería.
La constructora española comunicó al Gobierno panameño el inicio de un proceso de arbitraje por supuestos daños y perjuicios ocasionados por la insuficiente información previa recibida para la ejecución del tercer juego de esclusas, la obra más importante de la ampliación del Canal, desarrollada por el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por Sacyr e integrado además por la italiana Salini-Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana.
Este mismo argumento ha sido esgrimido por el consorcio en algunas de las reclamaciones que son analizadas en otro proceso de arbitraje, con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) dentro de los parámetros del contrato firmado en 2009.
La suma de las reclamaciones de GUPC a la ACP (más de $5,500 millones) supera con creces el monto de la propuesta económica que sirvió al grupo para alzarse con el contrato ($3,118 millones). Aunque el tercer juego de esclusas fue inaugurado en junio de 2016, sigue sin resolverse la mayoría de las acciones presentadas por el contratista.
En este nuevo litigio, Sacyr reclama al Estado panameño no haber cumplido con el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Panamá y el Reino de España.
El arbitraje de inversiones será regido por la versión de 1976 de un reglamento creado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), utilizado frecuentemente por entidades públicas y privadas para los arbitrajes comerciales y de inversión.
La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, precisó que será un tribunal arbitral independiente de las partes, y elegido de conformidad con el reglamento, el que tendrá la función de resolver la controversia, toda vez que “ni la Cnudmi ni Naciones Unidas son instituciones arbitrales ni tiene la función de resolver la disputa entre Panamá y Sacyr”.