China, presionada para responder a las exigencias comerciales del presidente estadounidense Donald Trump, impulsa una ley sobre las inversiones extranjeras cuya diligencia para aprobarla, a pesar de las imprecisiones del texto, inquieta a las empresas.
Esta nueva ley ya no obliga a las empresas extranjeras a transferir tecnología a sus socios chinos y establece una mayor equidad entre firmas locales e internacionales, algo reclamado desde hace tiempo por las empresas occidentales.
La Asamblea Popular Nacional de China, controlada por el partido único, el Partido Comunista Chino (PCC), votará la ley en su sesión plenaria anual de 10 días que comienza el 5 de marzo. Esto es apenas dos meses después del estudio de la versión preliminar.
“La velocidad con la que este proyecto de ley llega a la Asamblea Popular Nacional de China no tiene precedentes”, declaró Wang Jiangyu, especialista en derecho chino de la Universidad Nacional de Singapur.
“Normalmente toma entre uno y tres años para que un proyecto de ley sea adoptado y promulgado”, explica.
Las empresas extranjeras se inquietan por algunos artículos que son vagos y de índole general. Autoriza por ejemplo a China a confiscar, contra indemnización, las inversiones extranjeras “en nombre del interés público”, pero sin elaborar.
Pekín ya había presentado un proyecto de ley sobre las inversiones extranjeras en 2015, pero rápidamente se lo dejó de lado y la nueva versión reapareció a fines de 2018, señala Wang.
La Asamblea Popular Nacional estudió el texto en primera lectura el 23 de diciembre. Y está sometido oficialmente a los comentarios del público hasta el 24 de febrero.