Directivos de Campos de Pesé, productora de etanol en el país, insistieron ayer en que el cierre de la empresa es inminente por el cerco que les ha impuesto el Gobierno al fijarle un nuevo precio al producto que no está a tono con los costos de producción del mercado nacional.
No obstante, el presidente de la empresa, Rafael González, dijo que los directores y socios de la compañía tendrán que reunirse para determinar qué acciones se van a tomar, considerando que no están facturando y por lo tanto no pueden pagar salario, deuda, ni alquileres, entre otras obligaciones.
La reacción del ejecutivo surge a raíz del anuncio de la Secretaría Nacional de Energía (SNE) de fijar el precio de venta del etanol en $1.02 el litro, aprobado por el Consejo de Gabinete.
Pero la propuesta provocó nuevamente una reacción adversa –como en agosto pasado, cuando el precio lo fijó el Gobierno en $0.79 el litro– por parte de los representantes de Campos de Pesé, quienes alegan que este precio no es viable para cubrir sus gastos de operación.
De acuerdo con la SNE, a la empresa además se le concederían aportes que representarían un sacrificio fiscal por $15.4 millones.
Según González, estos aportes no son reales, porque lo que se ha hecho es bajar el precio en un 50% hasta $0.74, al cual le añaden los incentivos para llegar a $1.02.
“Pero nosotros no queremos incentivos ... queremos que se pague el etanol por lo que simplemente cuesta”, afirmó el presidente de Campos de Pesé.
Explicó ayer a este medio que a la compañía le cuesta $1.50 el litro de etanol y hasta el 18 de agosto el mismo se vendía en $1.22, lo que indica que estaba perdiendo $0.28 por litro.
Con ello González subrayó que el año pasado perdieron $17 millones y este año tenían programado perder $8 millones, pero que estaban apostando a que la situación mejoraría, trayendo consigo rendimientos agrícolas y en la fábrica, así como estabilidad en la empresa, viabilidad y, en unos años, rentabilidad.
Pero para el secretario de Energía, Víctor Urrutia, el nuevo precio fijado por el Gobierno lo que busca es que no impacte el bolsillo de los consumidores finales y que por ello están tratando de darle a la empresa subsidios, al tiempo que descartó que la medida lesione la seguridad jurídica, porque la ley del etanol sigue vigente.
Pero mientras acontecían los cruces de palabras entre directivos de la empresa y las autoridades en los medios de comunicación social, los trabajadores volvieron ayer a protestar tras conocer el nuevo precio fijado.
“Estamos exactamente igual a como hace dos meses, cuando se bajó el precio”, dijo Ricardo Correoso, jefe de operaciones.
“Si esta empresa cierra hoy o mañana, quién se va a comprometer a darnos plazas de trabajo”, se preguntó Jorge Mendoza.
Con información de Vielka Corro Ríos.
