Existen cinco herramientas que los países deben tener en cuenta para luchar contra las prácticas restrictivas de la competencia. El tema lo planteó el abogado colombiano Alfonso Miranda Londoño, quien recientemente visitó Panamá para participar en un seminario de actualización en esta materia.
El experto, que tiene 22 años de impartir clases de libre competencia, indica que para empoderar a un Estado en este tema —y así evitar prácticas anticompetitivas— lo primero que se debe preparar es una legislación que proteja a los consumidores y sin perder competitividad en los sistemas productivos.
En el caso de Panamá, Miranda Londoño dijo que ha observado una evolución legislativa importante en la última década, ya que se cuenta con una norma constitucional expresa sobre libre competencia, además de la Ley 29 de 1996 y la Ley 45 de 2007 que creó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
El segundo elemento que menciona el experto es contar con una autoridad de competencia que tenga autonomía. En este sentido, el también abogado manifestó que en Panamá, por ejemplo, el administrador general cuenta con un período estipulado en el cargo, pero le inquieta que lo remuevan cuando se encuentra haciendo una investigación o adelantando un proceso que implique a una empresa o a un sector político de la sociedad.
Es por ello que aboga por una entidad con suficientes recursos, personal capacitado y que tenga un nivel de independencia relevante.
Como tercera herramienta el docente colombiano opina que las multas deben ser disuasivas, porque las prácticas restrictivas de libre competencia son realizadas por empresarios porque les produce un beneficio económico, llevándolos a una cartelización empresarial, para pactar acuerdos de precios o repartirse los mercados.
En este sentido, expresó que una multa de un millón de dólares, como está establecido en la legislación panameña, es pequeña como para modificar la conducta de quienes incurren en prácticas anticompetitivas.
Un procedimiento judicial más ágil es la cuarta recomendación de este experto, tras asegurar que las autoridades de libre competencia hacen sus investigaciones rápidamente, pero en el ámbito jurisdiccional los tribunales y jueces de competencia no cuentan con ese actuar expedito, por los diversos casos que tienen que manejar, situación que requiere también dotar a estas instancias con más recursos.
El quinto elemento que deben tener los gobiernos para detener las malas prácticas en el mercado es contar con un programa de delación o beneficio por colaboración, que implica denunciar a los miembros de un cartel para recibir menores sanciones o que su imagen no se vea en riesgo.
En este sentido, Miranda Londoño indicó que este tipo de programa es el que más se utiliza en todo el mundo para desmantelar los carteles empresariales, delatando a otros participantes de la organización con el fin de obtener una inmunidad y perdón.
Importancia y balance
La libre competencia es hoy una política pública que está presente en la gran mayoría de los países del mundo. Hay más de 100 jurisdicciones que tienen una legislación y una autoridad de libre competencia.
“Esta política es muy importante, porque protege el bienestar de los consumidores”, apuntó Miranda Londoño, tras indicar que el objetivo de toda normativa en la materia es que los consumidores puedan acceder a una mayor cantidad y variedad de bienes y servicios en condiciones de libre competencia, de mejor calidad y a un mejor precio.
“Por eso es tan importante para los países preservar la libre competencia, de tal manera que los consumidores no se vean sometidos a monopolios que eleven artificialmente los precios o a prácticas anticompetitivas como de cartelización, que en muchos países son además de ilegales, criminales”, puntualizó el experto.
En los últimos 20 años en América Latina ha habido varias iniciativas para combatir las prácticas restrictivas de la libre competencia.
“Hemos visto autoridades muy serias que han tenido desarrollos impresionantes”, recalcó el entrevistado, destacando a países como Chile, Brasil, Perú, Colombia, Argentina, México y Panamá.
Guatemala es el único país del área centroamericana que aún estudia una legislación de libre competencia, pero con el compromiso que tiene con la Unión Europea, se prevé que este año podría expedir una normativa en este sentido.
El experto mencionó el caso de algunos países como Venezuela, que tiene una excelente autoridad de competencia, pero que actualmente no registra actividad por el sistema económico que vive ese país, debido al factor intervencionista, en donde el libre juego de la oferta y la demanda ya no tiene tanta importancia.
No obstante, alabó a Panamá, porque aparte de contar con una autoridad y una legislación, mantiene un grupo de profesionales y abogados capacitados en este terreno, al tiempo que aplaudió la iniciativa en las universidades de estar enseñando el derecho de la competencia en las aulas.
