El director general de Ingresos, Publio Cortés, informó de que al final de la tarde del jueves, “dentro del termino de ley”, Cobranzas del Istmo presentó un recurso de apelación ante la Dirección General de Ingresos (DGI) contra la resolución que decretó la “nulidad absoluta” del contrato a través del que esta sociedad prestaba el servicio de gestión de cobros de cuentas morosas a la DGI desde 2010.
Cortés explicó que “de acuerdo a la Ley 38 de 2000 le compete a la DGI analizar la viabilidad del recurso en cuanto a la forma y proceder a concederlo”.
Finalmente será el despacho del ministro, Dulcidio De La Guardia, el que tome una decisión de fondo al respecto.
El pasado 1 de octubre, Cortés declaró la nulidad de la relación entre la empresa y la DGI “por violación de la Constitución Política”. El funcionario basó su decisión en una sentencia del 11 de agosto de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley que creó la Autoridad Nacional de Ingresos (ANIP) porque se le atribuyeron a la entidad funciones propias del Presidente de la República y del ministro de Economía y Finanzas.
La DGI defiende que el contrato viola la Constitución porque cedió la función de gestión de cobro de deuda tributaria morosa a una empresa y porque se permitió a una entidad pública como la DGI compartir información confidencial de las empresas y demás contribuyentes con una empresa privada.
Además de haber declarado nulo el contrato, la DGI ordenó a la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Economía y Finanzas una auditoría jurídica y contable que determinará quiénes son los accionistas de la empresa y cuánto ha cobrado en comisiones.