La Corte Constitucional de Colombia respaldó la decisión del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de no aplicar el fallo en el que la CIJ (Corte Internacional de Justicia) ordenó en 2012 al país sudamericano ceder a Nicaragua una amplia zona marítima antes gobernada por Bogotá, a menos que se firme un tratado entre las dos naciones.
El Tribunal aceptó la demanda que el Ejecutivo interpuso en septiembre pasado para retirarse del Pacto de Bogotá, que fue suscrito en 1948 y que reconoce la jurisdicción de la CIJ, y tomó la decisión para equilibrar el derecho internacional con el nacional.
La Corte colombiana consideró que dicho Pacto es exequible condicionado, debido a que debe cumplir con la legislación interna, en la que se prohíbe la modificación de límites territoriales sin que haya un tratado aprobado por el Congreso y ratificado por el presidente.
Por lo tanto, forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como la isla de Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen, recordó el Tribunal.