La construcción de un puerto para el movimiento de contenedores en Corozal, a través de una concesión otorgada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), no ha podido despegar por la oposición desde varios frentes empresariales y comunitarios.
Aunque el proyecto permanece en un eterno estado de “vigente” para darlo en concesión a través de una licitación, los opositores han presentado 28 recursos legales que han frenado el inicio de la obra, lo que se ha traducido en tiempo para que el vecino Colombia amplíe la infraestrutura portuaria y le saque ventaja al Canal panameño.
Mientras en Panamá se sigue a la espera de que se resuelvan estos casos legales para tratar de atraer a nuevos inversionistas, en Colombia, la Agencia Nacional de Infraestructura tiene en carpeta siete nuevos proyectos portuarios con solicitud de concesión.
De las siete concesiones, cuatro están en Buenaventura, sitio ubicado en el lado pacífico, a menos de 24 horas de navegación del Canal de Panamá, que desde junio de 2016 comenzó la operación comercial del tercer juego de esclusas.
La primera licitación para el puerto en Corozal se declaró desierta porque ninguna empresa de las que estaba interesada presentó una propuesta, justamente porque el proyecto estaba en medio de un mar de demandas que no garantizaban seguridad al inversionista.
Hasta el pasado 15 de diciembre ya se han resuelto 19 de los 28 recursos legales que estaban en distintas instancias legales, pero aún están pendientes de resolver 9 acciones legales.
Tras ser consultado sobre este proyecto, el administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, dijo que “luego de cerrar el proceso de la licitación del puerto de Corozal, nosotros hemos hablado con todas las empresas que fueron precalificadas y otros que han mostrado algún interés posterior en dicha concesión, para recoger más detalles sobre las expectativas que tienen los potenciales inversionista en cuanto al contenido del pliego pasado”.
Inicialmente, la ACP planificó otorgar una concesión por 20 años a la empresa que se le adjudicara el puerto. La obra se programó en dos fases, con una primera que incluía la construcción de mil 350 metros de muelle y una capacidad para 3 millones de TEU (contenedor de 20 pies de largo).
Del volumen de demandas y denuncias, siete de ellas fueron presentadas por representantes de la asociación de residentes de Diablo Heights y las otras 21 fueron propuestas por Panama Ports Company, firmas de abogados y gremios, que opera el puerto de Balboa ubicado a un costado y en el cual el Estado tiene el 10% de las acciones.
Los residentes de la zona no se sienten conformes con la propuesta preliminar que planteaba un puerto verde con estándares ambientales amigables para minimizar los impactos sobre las comunidades, como el uso de grúas eléctricas que no producen ruido ni contaminación al ambiente.
Este puerto de contenedores forma parte de la estrategia de diversificación de negocios del Canal de Panamá, con el fin de mantener su competitividad, según ha señalado la entidad.
La terminal de Corozal aumentaría la capacidad de movimiento de carga al añadir 5 millones de TEU o contenedor de 20 pies de largo en el lado pacífico, donde según algunas navieras hace falta oferta durante algunos días de la semana.
También, los ingresos de operaciones del puerto por parte de la empresa que se gane la licitación pasarían a incrementar los aportes del Canal al Estado.
