La Unión Europea (UE) no tiene al momento una fecha prevista para evaluar la inclusión de Panamá en la lista negra de paraísos fiscales, concordaron el pasado 5 de diciembre los ministros de Economía y Finanzas de los países que integran el bloque.
“Todavía no tenemos una fecha para la próxima actualización de la lista. A más tardar, será en diciembre de 2018”, señalaron fuentes de la UE a este periódico.
La primera reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, conocido como Ecofin, organismo que además de la política económica de la UE se encarga de las relaciones financieras con terceros, está fijada para el próximo 23 de enero, según la agenda del Consejo de Europa.
Pero es difícil que sobre la mesa esté el espinoso asunto de las jurisdicciones internacionales que la UE clasificó -tras dos años de tensas negociaciones entre sus miembros- como no cooperantes en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
“Una actualización este enero sería demasiado pronto”, manifiestan estas mismas fuentes.
En el Anexo I de las conclusiones firmadas por el bloque europeo el mes pasado, se exponen las condiciones que deberá abordar el país para ser eliminado de la lista y se señala que su revisión por parte del Consejo de Europa se efectuará al menos una vez al año, sin especificar la frecuencia.
El trámite para completar dicha actualización no es sencillo y mucho menos automático, ya que requiere la validación de varios entes. En primer lugar, del Código de Conducta en Impuestos Empresariales de la UE, un opaco grupo de 28 técnicos, creado en 1998 para luchar contra la competencia tributaria desleal dentro de la UE, cuyas deliberaciones, actas, valoraciones y datos usados son secretos.
Este organismo no es un instrumento jurídicamente vinculante, pero su adopción requiere el compromiso de los Estados miembros para abolir las medidas fiscales existentes que constituyen una competencia fiscal perjudicial.
La actualización del elenco de jurisdicciones indisciplinadas también depende, en menor medida, del Grupo de Alto Nivel del departamento fiscal, creado en 2001 para asegurar la coordinación de los trabajos sobre el paquete fiscal de la UE y compuesto por expertos designados por los Estados miembros, y del Comité de Representantes Permanentes.
“Esta lista podría estar sujeta a cambios o su duración podría ser modificada bajo las mismas reglas de procedimiento con las que fue ratificada. En este proceso, la Comisión Europea proporcionará la asistencia técnica necesaria”, especifican los ministros de Economía de la Unión en el informe de conclusiones finales.
Panamá recibió el mes pasado una carta oficial remitida por el Grupo del Código de Conducta en la que se clarificaban las razones por las que había sido incluida en la lista y los pasos que debía completar para ser desclasificada.
La agenda que marcará los próximos meses estará centrada – en palabras de la UE- en la búsqueda de un “compromiso político de alto nivel, con un cronograma concreto” para abordar de manera efectiva la falla identificada en el proceso de selección de Panamá como jurisdicción díscola en materia de transparencia fiscal.
“Las discusiones bilaterales deben tener como objetivo la exploración y determinación de soluciones a las deficiencias identificadas en los sistemas y políticas fiscales de estas jurisdicciones y la obtención de los compromisos apropiados y necesarios para remediar la situación”, según se señala en el documento que da cuenta del proceso que permitirá eliminar a Panamá de la lista negra.
Una vez excluido, el país sería nuevamente notificado a través de una carta oficial del Grupo del Código de Conducta en la que se expondrá la fecha en que la que las medidas retorsivas dejarían de aplicarse.
La inclusión en la lista, además de poner en duda el compromiso con la transparencia fiscal del país, comporta otras desventajas, como el control exhaustivo sobre particulares y empresas que operen en territorio panameño.
La Cancillería de la República anunció que se ha ideado un plan de acción integral con el objetivo de lograr la exclusión de Panamá de la lista de paraísos fiscales. La estrategia, de la que no se han obtenido detalles probablemente como parte de la maniobra incluye esfuerzos técnicos, diplomáticos y políticos.