BUENOS AIRES, Argentina (EFE). -El corralito financiero ha puesto al borde del caos a la Justicia argentina y ha dejado al desnudo sus deficiencias, mientras no cesan las protestas de los ahorradores, que claman por su dinero cuando han transcurrido más de tres meses.
Gerentes de bancos imposibilitados de salir del país y jefes de sucursales bancarias detenidos, jueces recusados por tribunales por haber ordenado que se devuelvan los fondos retenidos, denuncias por muertes, colapso en los juzgados y manifestaciones a diario, son algunas consecuencias de las medidas que el propio presidente del país, Eduardo Duhalde, ha calificado de perversas.
Pese a esa acusación bajo la presidencia de Duhalde, iniciada el uno de enero pasado, se reforzaron las medidas adoptadas en diciembre por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, para evitar que una retirada masiva de fondos hiciera colapsar el sistema financiero del país.
El propio Cavallo ha pagado las consecuencias de su idea ayer jueves, cuando un juez le procesó por haber instigado a los bancos, cuando era ministro, a no cumplir con los fallos judiciales a favor de la devolución de los depósitos a los ahorradores.
Varios gerentes de oficinas bancarias han sido detenidos por orden judicial, en los últimos días, por negarse a devolver los fondos reclamados.
La última de estas detenciones tuvo lugar en la ciudad de San Juan, en el norte del país, donde un gerente del banco Bansud desoyó una resolución judicial para que se devolviera en dólares un depósito hecho en esa moneda por una mujer, que está a la espera de hacerse una compleja operación quirúrgica.
Las medidas de control financiero, que en principio sólo afectaban la libre disponibilidad de los fondos, se complementaron con la conversión a pesos de todos los depósitos y préstamos bancarios en dólares, decretada en enero por el Gobierno.
la Corte Suprema declaró inconstitucional el corralito en un caso concreto y abrió la posibilidad de presentar recurso de amparo contra esas medidas.
