Once jueces de la Corte Suprema británica comenzaron a analizar si la decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender las labores parlamentarias hasta dos semanas antes del brexit fue legal, después que dos tribunales inferiores dictasen opiniones contradictorias.
El tribunal prevé tres días de vistas: su decisión podría conocerse en las próximas horas o los magistrados podrían darse algún tiempo más para reflexionar.
El acuerdo se ha aplazado dos veces
Si al término de este nuevo episodio en la caótica saga del brexit, la justicia declara que la suspensión es ilegal, el Parlamento debería, según los expertos, volver a ser convocado de inmediato.
Algo que Johnson no quiso aceptar de inmediato: “Lo mejor que podemos hacer es esperar y ver qué dicen los jueces”, declaró a la BBC.
La decisión de la Corte Suprema no tendrá, sin embargo, ningún efecto en el calendario del brexit, advirtió su presidenta, Brenda Hale, al abrir la vista.
“Esta es una cuestión jurídica seria y difícil. No nos conciernen las cuestiones políticas más amplias”, aseguró mientras, a las puertas del tribunal, medio centenar de manifestantes protestaban con pancartas que decían: “Nuestra democracia muere cuando se silencia a los diputados” o “Paren el golpe de Estado”.
Las dos cámaras del Parlamento británico vieron sus labores suspendidas el pasado martes y no deben reanudarlas hasta el 14 de octubre.
Johnson justificó su petición de suspensión a la reina por la necesidad de elaborar y presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno.