El programa de televisión estadounidense CSI ha dado a conocer a muchos los pormenores de la ciencia forense y su rol clave en la resolución de crímenes.
La mayor preocupación de estos supuestos científicos forenses en el programa es dedicar su tiempo a utilizar herramientas y tecnologías de avanzada para identificar cuerpos y vincular a sospechosos con una escena del crimen.
En Panamá, y fuera de ficciones, la realidad de la criminalística es totalmente distinta, en la que una de las mayores intranquilidades del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) es balancear su escaso presupuesto para cumplir con todas sus funciones.
El Imelcf es un organismo adscrito al Ministerio Público, dedicado a la investigación judicial, lo cual incluye todos los procesos conocidos a través de la serie televisiva, como recolectar indicios, realizar pruebas balísticas, hacer autopsias y reconocer cuerpos.
Todo esto requiere equipo de alta sofisticación, usualmente costoso, el cual el Imelcf está teniendo dificultades en procurar por sus límites presupuestarios.
La entidad tiene una de las ejecuciones presupuestarias más altas, lo que significa que utiliza todos los fondos que se le asignan y todavía quedan necesitando más.
En 2011, solicitaron 22.9 millones de dólares, pero su asignación terminó en 17 millones de dólares.
Para 2012, su solicitud de fondos ascendió hasta los 29.8 millones de dólares, en gran parte para renovar equipos para la implementación del sistema penal acusatorio y modernizar sus instalaciones, pero recibieron 21.1 millones de dólares.
Para 2013, debido a su necesidad de nuevos equipos y un nuevo edificio con laboratorios adecuados a la tecnología moderna, realizaron la solicitud de 39.8 millones de dólares. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó la suma de 19.8 millones de dólares, inferior al presupuesto asignado del año anterior.
Según la secretaria administrativa y de finanzas de la entidad, Rita Aparicio, con los fondos previstos para 2013 no alcanza para darle seguimiento a su programa de modernización.
Se requerirían alrededor de 1.9 millón de dólares para equipar adecuadamente los laboratorios, aunque la recomendación del MEF fue darles 300 mil dólares en el presupuesto de 2013.
La distribución de los fondos estatales ha sido criticada durante las actuales vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional.
Para citar ejemplos de estas críticas, se menciona que el Gobierno realizó gastos de 35.7 millones de dólares entre julio y diciembre de 2011 únicamente en anuncios de televisión para promover sus programas y proyectos políticos.
La directiva del Imelcf también dice haber perdido 160 empleados entre 2010 hasta la fecha por los bajos salarios que se ofrecen.
Un perito de la entidad deviene un salario de 600 dólares mensuales, mientras que un asistente recibe cifras inferiores a los 500 dólares.
Los bajos recursos asignados a la entidad no permiten el aumento salarial necesario para incentivar a los funcionarios a permanecer, dice el director del Imelcf, Humberto Mas Calzadilla.
Mas explicó que la entidad tiene que economizar sus gastos; muchas veces los peritos no cobran viáticos hasta la siguiente asignación presupuestaria. “Hemos sido responsables en nuestra ejecución”, afirmó.
Aparicio considera que una de las razones por las cuales no se les mejora el presupuesto es porque no se entiende la relación del Imelcf con el Ministerio Público.
“Darle al Ministerio Público no es darle al Imelcf. Las autoridades no nos ven como una institución. Tenemos un marco legal bajo la Ley 50 de 2006, pero no tenemos los fondos para poner en ejecución lo previsto en la ley”.
La exprocuradora Ana Matilde Gómez, quien lideró un programa para otorgarle dinamismo e independencia jurídica a la entidad, considera que la inversión pública en el Imelcf es de extrema importancia.
“El [Imelcf] es un brazo importante de soporte al proceso judicial y las autoridades no han entendido la necesidad de invertir en este tema. No hay una plena comprensión de que un elemento importante de la convivencia pacífica proviene del esclarecimiento oportuno de la verdad”.
“El peligro real de no dotar los presupuestos que la ciencia requiere sería la afectación de los resultados reales del proceso de apoyo a la justicia”, dijo Mas.
La reducción del presupuesto del Imelcf se suma al recorte de fondos para el Órgano Judicial desde los 106 millones de dólares hasta los 95 millones de dólares, cifra que podría ser modificada en las actuales vistas presupuestarias.
