El Gabinete aprobó el decreto que declaró como de interés público el proyecto del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, que se construirá bajo la figura de “llave en mano”, a un costo inicial de mil 400 millones de dólares.
Al declararlo obra de interés público, el Estado puede dar en concesión la administración y operación a una subsidiaria de la estatal Empresa Nacional de Autopista (ENA), actual concesionaria de los corredores Norte, Sur y Este.
Para desarrollar el proyecto se prevé obtener aportes que se generen con los peajes de los corredores Sur y Este, y además contribuciones del Estado a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP). El corredor Este va desde Brisas del Golf hasta la carretera Panamericana a la altura del hospital Irma De Lourdes Tzanetatos, en la 24 de Diciembre.
“Lo que debe tenerse claro es que además del cuarto puente, por allí va la línea 3 del Metro y el beneficio que da esta medida es que el MOP no consuma todos los pagos a través del presupuesto, sino que tengamos un beneficio adicional [de los peajes]”, explicó Erich Velásquez, viceministro del MOP.
El cuarto puente será atirantado con tres carriles en cada sentido para vehículos, e incluye un espacio para la línea 3 del Metro de Panamá, que irá desde Albrook hasta Ciudad del Futuro, en Arraiján. Con esta infraestructura busca ampliarse la red vial de alta capacidad de la capital y sus conexiones con el lado oeste del Canal, donde se calcula residen 1.7 millones de personas.
En el documento aprobado por los ministros se faculta al MOP para solicitar las autorizaciones y realizar -en el momento oportuno- los trámites para “procedimiento excepcional de contratación”, de la concesión administrativa para la operación, el mantenimiento y la explotación del cuarto puente sobre el Canal a una subsidiaria de ENA.
Previo a una precalificación iniciada en 2016, el MOP hizo la licitación por mejor valor con evaluación separada seleccionando al consorcio Panamá Cuarto Puente, compuesto por las empresas China Communications Construction Company y China Harbour Engineering Company LTD.
El contrato incluye el diseño, construcción y mantenimiento por cinco años a cargo del consorcio Panamá Cuarto Puente. Sin embargo, se estableció que la operación, explotación y mantenimiento posteriores serán dados en concesión administrativa a una sociedad subsidiaria de ENA, “una vez que la obra se encuentre terminada y pueda ser operada de manera segura”.
La construcción del cuarto puente tomará alrededor de cinco años, casi la vigencia del próximo gobierno.
Financiamiento
Para el desarrollo del proyecto se prevé obtener financiamiento a través de la reestructuración de hasta $300 millones de los bonos que tiene ENA en el mercado, informó el director de Financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, Víctor Rodríguez.
Además, dijo, se estudia otra estructuración de un financiamiento adicional por hasta $600 millones.
Por su parte, el Estado, a través del MOP, podrá incluir hasta $600 millones en el presupuesto a lo largo de los años que tome la obra.
En 2010, el gobierno del presidente Ricardo Martinelli hizo una estructura financiera para adquirir los corredores Norte y Sur, operación que le costaría al Estado mil 70 millones de dólares pagados a los concesionarios ICA y Pycsa. De ese monto, ENA desembolsó $100 millones y los restantes $970 millones se obtuvieron de una emisión de deuda del fideicomiso Norte Sur, creado por ENA.
En 2016, ENA pasó de ser un administrador de los corredores a un brazo de inversión estatal, en concesiones donde el Estado es socio de empresas que cobran peajes.
“Invitado por el MEF como representante del Estado, ENA comenzó a buscar fórmulas para obtener financiamiento del cuarto puente”, dijo la gerente de ENA, Roxana Cárdenas.
ENA, junto a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) y Tocumen están fuera del sector público no financiero. Sus compromisos financieros no se suman a la deuda del Estado que supera los $24 mil millones.
Lo cierto es que los usuarios deberán seguir pagando hasta 2048 por el uso de los corredores, y, según algunos analistas, el anuncio de Martinelli de convertir las vías en gratuitas a partir de 2020 sería “otra promesa demagógica”.