Los miembros de la junta de relaciones laborales de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), designados en su totalidad por la administración de Ricardo Martinelli, están más cerca del perfil político que del laboral, hecho que se aleja de los objetivos de la legislación, según fuentes sindicales y conocedores de la legislación del Canal.
Tres de los cinco integrantes de la junta de relaciones laborales de la ACP pertenecen al gobernante partido Cambio Democrático: Nelson Carreyó Collazos, Gabriel Bercelio Ayú Prado y Azael Samaniego Pimentel. En tanto, María Isabel Spiegel de Miró fue secretaria general de la Autoridad Marítima de Panamá en la actual administración.
Según la Ley 19 de 1997, los cinco miembros serán designados por el Presidente de la República, de listas elaboradas de común acuerdo entre la administración de la ACP y los representantes de los trabajadores.
Las designación debe hacerse de forma escalonada, tal como lo establece la ley orgánica que rige a la ACP, tratando de atomizar cualquier injerencia política durante un período presidencial.
Desde 1997, cuando empezó a regir la ley de la ACP, se han designado tres juntas de relaciones laborales, pero la falta de entendimiento en 2008 no permitió renovar los períodos o nombrar nuevos integrantes.
Tres meses después de asumir el poder, el presidente Ricardo Martinelli, mediante Decreto 763 del 23 de octubre de 2009, designó a los cinco miembros escogidos de ternas presentadas y por períodos escalonados.
A dos de los primeros cinco nombramientos que hizo Martinelli ya se les venció el término y fueron reemplazados.
Se designó a Nelson Carreyó hasta agosto de 2014, en sustitución de Vasco Torres; Carlos Ariel García hasta agosto de 2014, en reemplazo de Aura Elena Ferrer; Azael Samaniego Pimentel, a quien se le venció en 2012 se le renovó el nombramiento hasta 2017; María Isabel Spiegel de Miró hasta 2018, en reemplazo de Vivian Taide Cebamanos y Gabriel Bercelio Ayú Prado hasta 2018 para suceder a Carlos Rosas.
Una de las últimas elecciones por parte del mandatario Martinelli fue la que abrió el debate de una posible intromisión de la política partidista en la institución.
Se trata del nombramiento de Gabriel Ayú Prado, hermano del actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Ayú Prado, quien asumió el cargo también en la actual administración.
Tras ser consultada sobre el trabajo desempeñado por la junta de relaciones laborales, la exdirigente sindical del Canal Lina Boza advirtió de que “no ha llenado las expectativas que se tenían en la administración y los sindicatos”.
Indicó que los miembros de la primera junta tenían un perfil en el que destacaba el conocimiento del sector laboral y no su afinidad a partidos políticos, pero posteriormente eso ha variado.
Este organismo es de vital importancia en la estructura de una entidad en la que trabajan 10 mil personas.
El comité se creó con el propósito de promover la cooperación y el buen entendimiento en las relaciones laborales, así como de resolver conflictos laborales que están bajo su competencia, lo que estaría en juego si sus integrantes toman decisiones con fundamentos políticos, advirtieron fuentes conocedoras del tema.
DATOS RELEVANTES
5 años
Es el período de nombramiento en la junta de relaciones laborales.
$7,000
Es el salario de los miembros de la junta de relaciones laborales.