La industria de transporte aéreo está llena de preguntas sobre el plan del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de implementar un sistema de tres aeropuertos en la ciudad más grande del país. Cuatro meses después de que se comprometiera a desechar un proyecto de $13 mil millones para construir una nueva gran terminal aérea, su gobierno todavía no ofrece suficientes respuestas.
La operación de tres aeropuertos en ciudad de México será “muy, muy, muy desafiante”, dada la altitud, la temperatura y las montañas que rodean a la metrópolis, señaló Alexandre de Juniac, director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, en una conferencia de aerolíneas celebrada en la capital mexicana. “La seguridad nunca debe ser comprometida”.
Con otros panelistas y asistentes haciendo eco de sus inquietudes en la conferencia, el principal funcionario de transporte de AMLO ofreció pocos detalles en respuesta.
Aeropuerto
“Debemos buscar una solución válida que sea absolutamente segura desde el punto de vista aeronáutico”, declaró el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.
El foco en la seguridad resaltó los recelos de la industria aérea sobre el plan de AMLO para mejorar el aeropuerto existente y otro en Toluca, así como recurrir a la Secretaría de Defensa Nacional para transformar una base militar en una terminal aérea comercial. Analistas aeronáuticos de Mitre argumentan que Santa Lucía no puede operar de manera segura en conjunto con el principal aeropuerto de ciudad de México si la capacidad aumenta en ambos, lo que sería necesario para aliviar la saturación.
Viajar a Toluca desde cualquiera de estos dos aeropuertos puede demorar una hora y media o más, dependiendo el tráfico, lo que complica las conexiones de los pasajeros.
Meses atrás el presidente de México canceló un multimillonario proyecto que buscaba construir un nuevo aeropuerto para ciudad de México, una decisión que golpeó al peso mexicano, a la bolsa local y lo enfrentó con empresarios.
La suspensión de la terminal se produjo tras una consulta popular con una participación muy baja e impactó también en los intereses del magnate Carlos Slim, con grandes contratos sobre el proyecto cancelado.
Ahora las autoridades mexicanas tienen previsto compensar a los consorcios FCC y Acciona por el fallido aeropuerto de la capital con unos 568 millones de dólares.