La Dirección General de Ingresos (DGI) aún no está preparada para manejar los retos que la reforma fiscal le impone, especialmente los relativos a la administración del Cálculo Alternativo del Impuesto sobre la Renta (CAIR) que empezará a usarse a partir del 1 de enero de 2006.
A esta conclusión llegó el grupo de contadores y especialistas en derecho tributario que participó en el estudio "Problemática de la Administración Tributaria frente a la Reforma Fiscal", publicado en la Gaceta Fiscal Panamá 2005, entre quienes destacan Carlos Urbina, Rubén Bustamante, Bartolomé Mafla y Edgar Camarena.
En la última década, la Dirección de Ingresos ha hecho -en promedio- 550 auditorías fiscales por año, un número bajo si se compara con el de la mayoría de los países de la región (ver tabla en 44A). En el mejor año de fiscalización, 1994, los funcionarios hicieron mil 37 auditorías, pero ni siquiera este récord permitiría satisfacer la demanda de procedimientos administrativos que el cálculo alternativo va a desencadenar.
"No parece haber capacidad en la DGI de procesar las solicitudes de no aplicación del CAIR. Actualmente, solo realiza 700 auditorías por año. Con estas cifras parece imposible que pueda cumplir con los procesos de revisión" previstos en la Ley de Equidad Fiscal, advierten los expertos.
El Gobierno cuenta hoy con 150 auditores para constatar la veracidad de las declaraciones de renta de 39 mil empresas contribuyentes.
