Un tribunal francés declaró ayer culpable por negligencia a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, al no haberse opuesto en 2008 cuando era ministra de Finanzas a un pago de 400 millones de euros (417 millones de dólares) en un arbitraje estatal a un magnate.
A pesar de la decisión, los jueces no presentaron ninguna sentencia condenatoria en el caso por su decisión de permitir el inusual pago del arbitraje fuera de los tribunales.
Su abogado dijo inmediatamente después de la decisión que su equipo apelará el dictamen. La decisión judicial podría provocar una nueva crisis de liderazgo en el FMI después de que el predecesor de Lagarde, Dominique Strauss Khan, dimitió en 2011 por un escándalo sexual.
El organismo expresó, por su parte, “plena confianza” en Lagarde pese a su condena en Francia.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó el lunes su “plena confianza”.
“El comité ejecutivo reafirma su plena confianza en la capacidad de su directora gerente para seguir cumpliendo sus tareas”, dice un comunidad del ente.
La Corte de Justicia de la República de Francia, que condenó a la directora del FMI, fue creada en 1993 para poner fin, en teoría, a las polémicas sobre la impunidad de los ministros.
“¿Cómo explicar a los ciudadanos que hay gente que despilfarró 400 millones de euros, pero que no tendrá ninguna mención en su registro penal?”, reaccionó indignado Jean-Christophe Picard, presidente de la asociación Anticor, al conocer la decisión de esta jurisdicción político-jurídica en el caso Lagarde.
Esta asociación de lucha contra la corrupción “pide desde hace tiempo la supresión de esta jurisdicción excepcional”. Se dan “decisiones absurdas con personas culpables, pero exentas de pena”, estimó.
Christine Lagarde, acusada de negligencia en un caso que originó un importante desvío de dinero público, es la séptima miembro de un gobierno a comparecer ante esta corte, compuesta por 12 parlamentarios y 3 jueces de la corte de casación, comparecen ministros y secretarios de Estado por crímenes o delitos cometidos “durante el ejercicio de sus funciones”.