La demanda por 126 millones de dólares presentada contra la telefónica Cable & Wireless Panamá, S.A. está en espera del fallo que emitirá el juez decimoséptimo de circuito civil, Jorge Isaac Escobar, informó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia.
Esta demanda la interpusieron los abogados de las empresas Inversiones Kamasu, S.A., y Cibertec Internacional, S.A. (ambas con las mismas personas entre sus directivos), en octubre de 1999, porque supuestamente Cable & Wireless (C&W) violó un contrato de confidencialidad suscrito entre ambas partes, sobre el uso de un sofware y equipos destinados a la detección de llamadas fraudulentas.
Al respecto, el viceministro de Economía, Domingo Latorraca, señaló que teníamos conocimiento de la misma; este caso está siendo atendido por las autoridades correspondientes, y son ellas las que tienen competencia sobre el mismo.
Por su parte, Eduardo Guardia, secretario general del Sindicato de Trabajadores de C&W, manifestó que aunque había escuchado sobre dicha demanda, desconocía a fondo la misma. Sin embargo, afirmó que un fallo adverso a C&W afectaría a todos los accionistas, por lo que están confiados de que la empresa nos represente correctamente.
Los trabajadores poseen el 2% de las acciones de C&W Panamá, S.A., el Estado panameño tiene el 49% y la empresa inglesa C&W PLC, el restante 49%.
Hasta el momento, C&W no ha dado su versión sobre este caso.
Según la demanda, el 26 de agosto de 1996, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, S.A. (INTEL, S.A., posteriormente C&W Panamá, S.A.), e Inversiones Kamasu, S.A., y Cibertec Internacional, S.A. celebraron un contrato de servicio para la eliminación de pérdida de ingresos, retro llamadas o call back.
En cumplimiento de ese contrato, dice la demanda, Inversiones Kamasu, S.A., y Cibertec Internacional, S.A. instalaron equipos ACB e ITSS (ambos destinados a la detección de llamadas fraudulentas), en la central internacional ubicada en calle 33, edificio C&W, frente a la piscina Adán Gordón, en La Exposición, así como en la central Juan Franco, ubicada en la avenida Samuel Lewis, edificio C&W, frente al Santuario Nacional.
Posteriormente, C&W ejerció la opción de compra de los equipos, por lo que debía pagar por los mismos la suma de un millón 224 mil dólares; no obstante, ese pago no fue honrado por Cable & Wireless Panamá, S.A. Aparte de ello, sin autorización, Cable & Wireless Panamá, S.A., a través de sus accionistas, directivos y empleados y con el pleno conocimiento de la regulación y los parámetros contenidos en el contrato, permitió el acceso en diversas ocasiones a representantes y técnicos de la empresa NECSY, S.P.A., competidora de Inversiones Kamasu, S.A. y Cibertec Internacional, S.A. a los sitios donde están instalados los equipos ACB e ITSS.
Dado que Cable & Wireless Panamá, S.A. violó el citado contrato, fue demandada a pagar la suma de un millón 224 mil dólares por los equipos y otros 125 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios materiales y morales, contractuales y extracontractuales, causados a Inversiones Kamasu, S.A., y Cibertec Internacional, S.A.
