FINANZAS PÚBLICAS

Descubren maniobras del Ministerio de Economía y Finanzas

Descubren maniobras del Ministerio de Economía y Finanzas
En 2011, tras la renuncia de Alberto Vallarino como ministro del MEF, el entonces presidente Ricardo Martinelli nombró en el cargo a Frank De Lima, quien estuvo al frente de la cartera hast

El país estaba sumergido en una campaña política marcada por las denuncias de guerra sucia y un gasto electoral excesivo. Se inició el 2014 con este panorama, y se hacía más tenso el ambiente político según pasaron los meses.

Las encuestas inundaron a Panamá y entonces se acentuó el pulseo entre los candidatos a cargos de elección popular. Mientras, a intramuros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se enquistaba una política de gastos que ahora pone al país en una delicada situación financiera.

El actual titular de esa cartera, Dulcidio De La Guardia, y sus dos viceministros – Iván Zarak, de Economía, y Eyda Varela de Chinchilla, de Finanzas– han descubierto cómo en pleno año electoral el entonces ministro Frank De Lima y el Consejo Económico Nacional aprobaron créditos extraordinarios que no tenían como sustento financiero un ingreso adicional para hacerle frente a los nuevos gastos.

En palabras simples, es como comprar muebles, remodelar la casa y adquirir un auto, y se generan deudas que incrementan los gastos anuales, pero con la misma cantidad de ingresos.

Si para la economía familiar esta situación es comprometedora, para un país los efectos serían aun más adversos.

No solo por el monto de las deudas, sino por la cantidad de panameños afectados por una supuesta mala administración de los recursos.

De enero a mayo de 2014 el gobierno del presidente Ricardo Martinelli aprobó $600 millones sin sustento financiero, según información recabada por el MEF en la administración del mandatario Juan Carlos Varela.

La práctica, en apariencia, consistió en darle el visto bueno a los créditos adicionales y poner como contrapartida dinero en caja o el empleo de financiamiento, cuando el espíritu de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal autoriza su aprobación si se tienen ingresos adicionales recaudados o proyectados.

Con el esquema impuesto por la administración Martinelli en el ocaso de su mandato, se aprobó el alquiler de equipos, compra de terrenos, remodelaciones de edificios, financiamiento para las llamadas Jumbo Ferias, y hasta premios para carreras de caballos.

En la lista que maneja el MEF también se incluyen créditos para financiar el pago de planilla, subsidios al diésel, supervisión de obra de infraestructura, pago de vigencias expiradas a proveedores del Estado y arrendamiento de locales.

El ministro De La Guardia asistirá hoy a la Asamblea Nacional para rendir un informe detallado del estado actual de las finanzas estatales.

Se presume que su presentación será reveladora, porque los $600 millones en créditos extraordinarios y sin sustento financiero no son la única razón que ha encendido las alarmas en el MEF.

A cuatro meses de terminarse el año, y con un algo más de un mes en el poder, los funcionarios de la nueva administración y recién llegados al ministerio se han encontrado que los ingresos que recaudará el Estado estarán muy por debajo de lo presupuestado.

Se calcula que cerca de $600 millones dejarán de entrar a las arcas estatales, si se compara la realidad de lo que ingresará con las proyecciones presupuestarias.

Parte del problema, según fuentes vinculadas al tema, es que el presupuesto de 2014 se hizo ignorando y pasando por encima de información valiosa.

Un ejemplo sería la proyección de los aportes del Canal. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) habría manifestado al Gobierno central que la contribución se cifra en $966.6 millones, y el MEF fijó en el presupuesto del Estado que serían $1,090 millones.

El ajuste se habría hecho con la esperanza de que el Canal, tal como ha sucedido en otras ocasiones, terminaría aportando más de lo que calculó originalmente.

Pero “esto envía un mensaje horrible, pareciera que la ACP no cumpliría con sus proyecciones, pero resultó que era el Gobierno central el que las cambió. Eso fue un abuso. Si manejaran así su casa, estarían quebrados”, dijo una fuente que prefirió mantener reserva.

Además, durante este periodo se deberá lidiar con el aumento del costo de la energía y la subsecuente alza de la partida que se destina al subsidio eléctrico.

Hasta este momento el Gobierno no ha anunciado un cambio tarifario a los clientes. Si este no se concreta, el monto que tendrá que pagar el Estado a fin de año a través de los programas de subsidio ascenderá a $476 millones, cuando solamente hay presupuestados para tal fin $165 millones.

La estrechez financiera que hereda la administración de Varela será tan ajustada que no se descarta que se solicite una dispensa para aumentar el déficit permitido por ley.

La ley establece para este año un límite de déficit de 2.7% sobre el producto interno bruto, pero como el sector público gastó más de lo permitido, entonces se deberá elevar ese tope.

Al ser consultado sobre estos temas el exministro De Lima contestó: “Si dicen que no hay plata, entonces, ¿cómo están aumentando la beca universal y el programa 120/65?”.

De Lima había defendido la política de agregar créditos extraordinarios sin sustento financiero y justificó la falta de planificación en el tema energético. Pero luego pidió que no se le citara en este contexto.

Con menos ingresos y más gastos, el Estado tendrá forzosamente que adquirir más deuda.

Al término de este año, la deuda pública total rondará los $18 mil millones y se tendrán compromisos por pagar de contratos llave en mano por más de $4 mil millones.

El plazo para pagar se extiende hasta el último año de administración de Juan Carlos Varela, 2019, lo que limitará la ejecución de nuevos proyectos.

Los años más difíciles para cumplir estos compromisos serán 2014 y 2015. Solamente en pagos pendientes de contratos “llave en mano”, hay previstos más de $1,400 millones.

En el calendario de pagos se computan deudas pendientes en algunos de los proyectos insignia de la administración de Ricardo Martinelli: El Metro de Panamá, el reordenamiento vial con la cinta costera III, varios Minsa-Capsi y hospitales.

A través del mecanismo “llave en mano”, el Gobierno se libera de la obligación inmediata de financiar las obras. Las constructoras asumen el costo del financiamiento y luego el Estado debe pagar obras mucho más costosas.

Yolanda Sandoval

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