La viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, fue ratificada ayer por la comisión de credenciales de la Asamblea Nacional como directora principal de la Caja de Ahorros (CA).
Varela de Chinchilla, que estuvo entre 2014 y 2015 como suplente en la directiva de la CA, dijo a los diputados: “Me ha solicitado ser miembro principal. Como pueden ver, cumplo con los requisitos que exige la CA, con la experiencia...”.
El nombramiento debe ser ratificado por el pleno de la Asamblea Nacional.
La viceministra de Finanzas ocupará uno de los puestos que quedaron vacantes luego de las renuncias de tres directivos entre diciembre de 2016 y febrero de 2017.
En dos meses dimitieron de sus cargos el presidente Álvaro Tomas; el vicepresidente Eduardo García de Paredes; y el director principal Paul Leignadier.
Permanecieron en la directiva del banco estatal Carlos Duboy, secretario de Metas del Ministerio de la Presidencia, y Gustavo Valderrama, director de Políticas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas.
Con la llegada de Varela de Chinchilla serán mayoría los representantes del Gobierno en la directiva de la CA. “El Acuerdo 5-2011 de la Superintendencia de Bancos, sobre Gobierno Corporativo requiere de, al menos, dos directores independientes en las juntas directivas. Estamos en comunicación permanente con la Presidencia de la República para próximas designaciones”, dijeron desde el banco.
En esta administración, la directiva y la gerencia han tenido que gestionar casos de supuestas irregularidades ocurridas en la administración anterior, que han sacado a relucir diferencias entre el banco y otras instituciones del Estado.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, solicitó al gerente de la CA, Mario Rojas, que se constituyera como parte en el proceso que se sigue por la aprobación de un crédito al consorcio HPC Contratas P&V para la construcción del centro de convenciones de Amador.
Por su parte, la Fiscalía Sexta Anticorrupción hizo lo propio en la investigación sobre un préstamo de $5 millones, aprobado por la pasada administración a la empresa R.G. Hotels.
Estas instituciones señalaron que la entidad pública debía constituirse como parte perjudicada en los procesos para poder reclamar una indemnización. Estos llamados no han sido atendidos por parte de la CA.