América Latina y el Caribe enfrentan múltiples desafíos. Pero hay uno en particular que se interpone en el camino hacia los objetivos de desarrollo sostenible y un futuro mejor: la desigualdad.
La desigualdad no es nueva en esta región. Todo el imperio inca, que abarcaba el actual Ecuador, Perú y partes de Argentina, Bolivia y Chile, fue dividido tras la conquista en 5 mil encomiendas, mientras que millones de miembros de las civilizaciones originales de la región se quedaron sin nada.
El desafío de la desigualdad continúa actuando como un freno al potencial de desarrollo de nuestra región, y de nuestras áreas rurales en particular, las cuales están siendo limitadas por una serie de desigualdades estructurales.
La desigualdad reduce el crecimiento económico, disminuye el impacto de dicho crecimiento en la reducción de la pobreza, debilita nuestras democracias y el Estado de derecho, erosiona nuestras instituciones formales e impide que millones expresen todo su potencial de desarrollo. La desigualdad económica es quizás la más evidente. En países como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, el ingreso rural ha mostrado un crecimiento significativo, en parte, gracias al comercio agroalimentario, pero el índice de Gini -que mide la desigualdad- en las zonas rurales apenas se ha movido, lo que significa que pocos están capturando la mayoría de los beneficios. Estos países son líderes en exportaciones agrícolas, pero también en desigualdad económica rural. El crecimiento económico agrícola por sí mismo no asegura la reducción de la desigualdad económica rural. La desigualdad étnica es otro desafío. Cerca de 45 millones de indígenas viven en América Latina y el Caribe, y sufren muchas formas de exclusión. En México, por cada persona no indígena, hay 2.4 indígenas con desnutrición crónica y en Panamá, 3.2.