Las cosas no son fáciles para el presidente interino de Brasil, Michel Temer. En los seis meses que lleva en el cargo – tras la suspensión y el juicio político de su predecesora Dilma Rousseff por delitos vinculados al presupuesto-Temer ha perdido a su sexto ministro a raíz de un escándalo, ha estado tranquilo mientras aliados clave emprendían un ataque desvergonzado a las iniciativas de Brasil contra la corrupción, y ha visto cómo una lánguida recuperación económica se ha convertido en un cuasi repliegue.
Por ello, cuando el Senado brasileño aprobó un componente clave del plan de austeridad del gobierno esta semana, el alivio en Brasilia fue casi palpable.
Pero no descorche la champaña por el momento. Por revolucionario que fuera el límite al gasto público que ha propuesto el gobierno de Temer, dista de ser la única medida que Brasil necesita para impedir un descalabro fiscal. Entre las muchas disfunciones que socavan a la mayor democracia de América Latina – recesión prolongada, sistema de pensión deficitario, corrupción sistémica – uno de los más insidiosos ha acaparado poca atención hasta ahora: la explosiva deuda estatal y local.
Piense en Río de Janeiro, que en junio declaró un estado de calamidad financiera, el equivalente político a la quiebra.
La crisis, anunciada justo cuando la capital del Estado se aprestaba a ser anfitriona de las Olimpiadas de verano, obligó a Temer a actuar, enviando a Río un préstamo de emergencia de 850 millones de dólares, pero ello sirvió de poco. Los empleados estatales están reclamando pagos retroactivos, las pensiones y los estipendios de estudio están atrasados, y los hospitales carecen de suministros.