Se trata de la llamada "deuda flotante", que hasta hace unos meses se contabilizaba como deuda interna, pero que sorpresivamente, a partir de octubre de 2002, fue literalmente "borrada" de los informes que emite la Contraloría General de la República.
La deuda flotante es el total de obligaciones en que ha incurrido un Gobierno por bienes y servicios que todavía no ha pagado a sus proveedores.
La última estadística disponible sobre deuda flotante, revela que hasta octubre del año pasado, las cuentas por pagar a proveedores en el Gobierno Central alcanzaron los 395.9 millones de dólares, que representaban un 15% del total de la deuda interna.
La Prensa solicitó a la Contraloría la cifra de deuda flotante para el cierre de 2002, pero se informó de que la estadística ya no será incluida ni sumada a la deuda del país, debido a una decisión al "más alto nivel".
Esta decisión se tomó, con el objetivo de homologar las cifras de deuda pública que presenta la Contraloría con las del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este último no incluye los saldos de deuda flotante en sus informes, porque esta deuda no es contractual, explicaron los funcionarios consultados.