La disputa comercial entre Panamá y Colombia entró en una nueva etapa ayer, luego de que el árbitro designado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para resolver la controversia hiciera las últimas observaciones sobre el caso.
Giorgio Sacerdoti, quien fuera designado al caso por el director general de la OMC, Roberto Azevedo, dio plazo a Colombia hasta el 22 de enero de 2017 para que desmantele el arancel mixto a la importación de calzados y textiles, medida que afectó a la Zona Libre de Colón (ZLC).
Sin embargo, la resolución de Sacerdoti se conoce casi dos semanas después de que Colombia reconfigurara, mediante uno de dos decretos que expidió el 2 de noviembre, dicho arancel mixto a los topes permitidos por el organismo.
El segundo de estos decretos es que el que ahora mantiene viva la disputa, que se inició en junio de 2013 a petición de Panamá. Las autoridades panameñas consideran que en dicho documento Colombia aplica barreras no arancelarias, que obstaculizan el comercio entre ambos países.
Conocida la postura del árbitro de la OMC, que ya había fallado a favor de Panamá en dos ocasiones, Colombia debe notificar al organismo de los nuevos decretos que expidió el pasado 2 de noviembre.
Será entonces cuando Panamá manifieste su descontento en torno a la manera en que el país sudamericano desmanteló el arancel mixto. Es decir, por los controles aduaneros anunciados que suponen barreras no arancelarias.
Algunos de estos requisitos, de acuerdo con Néstor González, viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), es que los exportadores tendrán que interponer una fianza por encima del valor arancelario; y se definirá un puerto único de entrada de esos productos (textiles y calzados).
Cuando Colombia notifique a la OMC sus medidas y Panamá dé a conocer su postura, las partes tendrán un plazo de 20 días para negociar sobre estos controles aduaneros.
Si los equipos técnicos de los dos países no llegan a un consenso, Panamá puede solicitar al organismo alguna medida de retorsión o compensación arancelaria. Resolver este proceso tomaría “unos meses más”, explicó en su momento el ministro del MICI, Augusto Arosemena.
Este proceso lo llevará adelante el MICI. De manera paralela, la comisión ad hoc que estableció el Consejo de Gabinete para analizar la situación con Colombia, continuará evaluando qué medidas de retorsión podrán aplicarse contra este socio sudamericano.