La suerte del cuarto puente sobre el Canal de Panamá volvió a cambiar.
Primero se conoció que el Gobierno utilizaría $100 millones de la partida asignada al proyecto para impulsar otras obras estatales, pero ahora, la megaobra está entre los pilares del presidente Juan Carlos Varela para reactivar la actividad económica.
Varela señaló que solicitará a la Asamblea Nacional una dispensa fiscal para inyectar unos $300 millones a la economía en grandes proyectos como el cuarto puente sobre el Canal, la tercera línea del Metro hasta La Chorrera y la ampliación del anillo hidráulico para abastecer de agua potable al sector este de la capital.
Los comentarios del mandatario se dieron pocas horas después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajó en un punto porcentual la estimación del crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Panamá para 2017.
El organismo estima que la prolongada huelga en el sector de la construcción y el debilitamiento de la actividad económica en el primer trimestre afectarán el comportamiento de la economía a lo largo del año.
El plan del Gobierno es hacer una reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para elevar en medio punto porcentual el déficit fiscal de 2018, para que en lugar de 0.5% sea 1%. La legislación permite un ajuste al balance fiscal si los aportes del Canal al Estado no llegan a ese 3.5% del producto interno bruto (PIB).
De acuerdo con el Ejecutivo, la decisión de inyectar los $300 millones a grandes proyectos de infraestructura busca evitar que se pierdan unos 20 mil puestos de empleo, ya que otros proyectos, como la línea 2 del Metro, la ampliación de Tocumen, el Instituto Técnico Superior Especializado y otros proyectos como Techos de Esperanza están en sus etapas finales.
La licitación del cuarto puente ha tenido poco movimiento desde el 10 octubre de 2017, cuando los grupos interesados entregaron sus propuestas. Para esos días, el propio Varela había señalado que la orden de proceder se entregaría en enero de este año y tres meses después arrancaría la construcción, lo que no ha sucedido.
El 29 de mayo pasado, el secretario de Metas, Jorge González, señaló que el Ejecutivo había decidido utilizar $100 millones de los 175 millones de dólares asignados para el cuarto puente, porque ese dinero no se lograría ejecutar este año.
“El cuarto puente sí se construirá, es sencillo, hay $100 millones que este año no se van a utilizar, porque el tiempo no dará y dejamos $75 millones, que son los que se van a utilizar y de esa manera hacemos el presupuesto más eficiente y los fondos que no serán utilizados se redistribuirán para darle apoyo a otras instituciones del Estado”, comentó.
El proyecto de reforma será enviado a la Asamblea Nacional una vez retome sus funciones el primero de julio próximo.
Los dos órganos del Estado están enfrentados por el uso de fondos estatales en pleno año preelectoral.
Además de la dispensa fiscal, el proyecto que enviará el Ejecutivo incluirá una modificación para que se hagan aportes al Fondo de Ahorro de Panamá, que desde la administración pasada no recibe aportes.
Se propondrá que cuando los aportes del Canal al Estado sean superiores al 2.5% del PIB, esos dineros se depositen en el Fondo de Ahorro. La Ley de Responsabilidad Fiscal establece actualmente lo que se hará cuando los aportes sean superiores al 3.5% del PIB.
La intención del Gobierno de incrementar el déficit va en contra de la recomendación que hizo el FMI hace unos días. En su informe, la misión del organismo internacional “proyecta que la política fiscal continúe guiándose por el límite de déficit, conforme a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal”. Añade el documento que “se requerirán esfuerzos para contener el crecimiento del gasto corriente y brindar espacio adicional para las muy necesarias inversiones públicas estratégicas”.
Para 2019, el FMI estima una expansión del PIB de 5.8%, basado en que la economía ya se haya recuperado de la huelga de los trabajadores de la construcción y esté en operaciones la mina de cobre.
