Nuestra economía vive una crisis estructural desde hace más de 20 años, y una de las principales razones es el exceso de regulaciones absurdas, demoradas y costosas que se le imponen a los nuevos empréstitos. Entre estas no hay regulación más costosa y dañina para la economía nacional que el de exigir una licencia comercial y la elaboración de un pacto social antes de que se pueda iniciar un nuevo negocio, ni hablar del otro sinnúmero de permisos que exige el Gobierno.
Abrir un negocio, derecho inalienable Analicemos bien de qué estamos hablando. Para ello vayamos, como siempre, al origen de todo. Recordemos que los negocios y el intercambio comercial entre los humanos, de manera informal, existen desde antes de que existieran los gobiernos. El derecho de hacer negocios, de buscar una forma honesta y lícita para vivir es un derecho inalienable de todo ciudadano, tan sagrado como la libertad de expresión. Este derecho no es sólo para los grandes empresarios, es un derecho para toda persona que desea abrir una pequeña empresa, una zapatería, un taller de tapicería, un quiosco de venta de tamales, etc. Recordemos, además, que somos los ciudadanos los soberanos del país.
Sin embargo, un día, a algún burócrata se le ocurrió quitarnos este derecho y determinar que era el Gobierno el que iba a dar los permisos y/o licencias para abrir un negocio. Quizá el origen de esta medida viene de la época de las monarquías, donde toda actividad económica requería de la aprobación del rey o de las estructuras por él establecidas.
¿Si somos nosotros los soberanos y dueños del gobierno, no resulta absurdo que tengamos que pedir permiso para abrir un nuevo empréstito? ¿Por qué va a ser el Gobierno el que le da al soberano (el ciudadano) un permiso? ¿No debería ser al revés? ¿Y por qué tenemos que obtener una licencia? ¿Acaso vamos a hacer daño a alguien por abrir una tienda de ropas, una empresa de consultoría o una firma de abogados?
Control previo A mi entender, el Estado sólo debe mantener el derecho de privar a los ciudadanos a no entrar en una actividad económica, empréstito o actividad específica cuando esta pone en peligro o afecta negativamente la vida de otros ciudadanos.
Sin embargo, aun en estos casos, no vemos la necesidad de que se otorguen de manera previa, que existan controles previos o prerrequisitos. Los permisos en los casos donde la vida humana esté en peligro se pueden otorgar posteriores a la apertura del negocio o inicio de los proyectos; lo importante en estos casos es que haya un sistema judicial o de arbitraje justo y rápido, y fiscales o ciudadanos que puedan procesar efectivamente y fuertemente a las empresas que infrinjan la ley.
Precontrol desalienta empleo Debido al efecto de estos excesos de controles previos es que miles de personas se desalientan en abrir nuevos negocios, frenando la creación de miles de empleos.
En nuestro país hay más personas sin empleo que empleadas, sumando mucho más de un millón de personas, cuando consideramos que hay 170 mil desempleados y más de 1 millón que no están económicamente activos.
Miles de estos ciudadanos desearían poder producir algo, abrir un pequeño negocio desde casa o alquilando un pequeño local. No obstante, el exceso de regulaciones previas desaniman hasta al panameño más audaz, y al final, una gran mayoría elige mantenerse fuera de la economía.
Esto es el resultado de este exceso de regulaciones. Crean enormes barreras, como si fueran clubes de privilegiados, donde el acceso a los clubes (economía formal) es restringido, y afuera quedan todos los que no tienen ni la capacidad, ni la determinación, ni los fondos para poder cruzar esas barrearas (los que no tienen los contactos ni el dinero para entrar a los clubes).
Quedan afuera en lo que todos conocemos como la economía informal. Quedan afuera haciendo actividades de subsistencias, vendiendo plátanos en la esquina, o prestando servicio de cuidado de automóviles en las calles.
Costos previos Estos costos y barreras de entrada para abrir un negocio son enormes. Hace algunos meses me correspondió evaluar la apertura de un nuevo restaurante por parte de un amigo. Este había quedado desempleado y había logrado guardar unos pequeños ahorros, por lo que decidió proceder con la apertura.
Alquiló un local y contrató a una persona para que le ayudara en la fase inicial previa a la apertura. Luego de cinco meses, y de haber tenido que registrar su empresa en el Registro Público, de haber obtenido una licencia comercial, un permiso de la Alcaldía, haber pasado por la junta comunal, el Ministerio de Educación (que certificó que no estaba a una distancia determinada de una escuela, ya que el restaurante ofrecería cerveza y vinos), la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, y otras siete instituciones más, logró abrir, lo cual le había costado más de 5 mil dólares en trámitesy en aguinaldos para acelerar los mismos; además, había pagado cinco meses de alquiler del local y de salarios sin que el negocio estuviera generando ingresos. Al final, el costo total de apertura fue de más de 10 mil dólares lo cual puso a este pequeño restaurante, el día en que abrió, en una situación financiera delicada.
Regulaciones motivan la corrupción
Esta historia de la vida real le ocurre a miles de panameños anualmente. El exceso de regulaciones no sólo genera grandes costos previos a las empresas, sino que estimulan la corrupción.
Además, la gran mayoría de los panameños que desean hacer negocios no cuentan con los recursos para sufragar esta inmensa cantidad de trámites y sobrecostos, por lo cual no pueden pasar por encima de la barrera artificial que se les ha creado.
Esta permisología le cuesta al país millones de dólares en pérdida de producción nacional y miles de empleos que nunca se llegan a generar. Y es esto, más que cualquier otro asunto, lo que mantiene a Panamá sumida en una inmensa pobreza. Todo por razón de unas absurdas reglas que nadie cuestiona.
Licencia, ¿a qué costo?
Pensemos, para ir cerrando, en las miles de licencias de conducir que se entregan anualmente.
Esto si parece ser una actividad que requiere de que el Estado otorgue una licencia, primordialmente por que conducir un vehículo es una actividad inherentemente peligrosa, que anualmente mata a más de 400 personas.
El costo de esta licencia es de sólo 20 dólares. Sin embargo, una licencia comercial para la apertura de un negocio, actividad que normalmente no genera ningún peligro para la vida humana, que genera empleos, da valor agregado a la producción nacional y produce ingresos para el Estado, no sólo es más compleja de obtener, sino que cuesta siete veces más. ¿Cómo es posible que se cobre sólo 20 dólares por una licencia de conducir y se cobre 150 dólares una licencia comercial para abrir negocio? Lo que al final ocurre es que miles no pueden obtener este dinero y nunca llegan a abrir su pequeña empresa. La verdad es que esto escapa de toda lógica; y luego nos preguntamos por qué somos pobres.
Solo registro sin costo
Lo que estamos proponiendo es que las nuevas empresas sólo se registren, en un punto único, digamos en el Ministerio de Economía y Finanzas, y que lo hagan de manera gratuita.
Luego de este registro gratuito, la empresa ya está libre para iniciar operaciones. Además, este registro no debe requerir de participación de abogados ni de asesoría legal.
O sea, estamos proponiendo la eliminación del requisito de Licencia Comercial, del Pacto Social en el Registro Público, y de obtención de RUC (Registro Único de Contribuyente); estos pasos serían reemplazados por un registro único donde se obtiene un RUC o un número de contribuyente y punto.
Los demás requisitos necesarios para otras empresas, como restaurantes, farmacéuticas, constructoras (permisos municipales, de salud, etc.) también se eliminarían o se otorgarían con posterioridad a la apertura o inicio del proyecto.
¿Cómo serían controladas las empresas que no cumplen con ciertos requisitos básicos de salud u otros? Sus clientes o funcionarios que encuentren incumplimientos tendrían la opción de procesar a estas en tribunales o a través de arbitraje.
De allí la importancia del fortalecimiento del sistema judicial o de las juntas de conciliación y arbitraje privadas.
La eliminación de la licencia comercial y del pago del pacto social, y de otros cientos de requisitos previos para la apertura de nuevos negocios, permitirá la creación de miles de empleos y generará de inmediato una recuperación sostenida de nuestra economía, a través de la incorporación de miles de nuevas empresas, pequeñas, medianas y grandes: o sea, la incorporación inmediata de miles de unidades de producción nacional.
