La reforma tributaria en Uruguay, que establece el impuesto de las personas físicas (IRPF) y que es uno de los buques insignia del gobierno del Frente Amplio, empezó a regir a partir de ayer 1 de julio.
Esta es la primera reforma estructural del sistema fiscal uruguayo en décadas y gravará salarios, pasividades y rendimientos de capital.
El IRPF ya fue aplicado entre 1961 y 1974, pero fue derogado por su complejidad y por su poco aporte al fisco.
El objetivo de la Dirección General Impositiva es incorporar a 400 mil contribuyentes, con lo que se estima que 700 mil personas pagarán el nuevo impuesto, de los 3.3 millones de uruguayos.
Asimismo, se calcula que unos 175 mil contribuyentes sostendrán el 80% de recaudación del nuevo impuesto.
La reforma significará la eliminación de 14 tributos, la rebaja de cinco puntos porcentuales en el impuesto a la renta empresarial y los estímulos para la reinversión y la innovación.
