El gobernador de Puerto Rico promulgó una histórica ley para privatizar la atribulada empresa eléctrica de la isla, con la esperanza de reducir los apagones ocurridos después del paso del huracán María y estabilizar el desarrollo y distribución de energía en medio de una recesión de 11 años.
La nueva ley permite que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico venda sus plantas generadoras. La empresa tiene una deuda pública de más de $9 mil millones y depende de una infraestructura casi tres veces más vieja que el promedio de la industria.
La ley también pide que se cree una sociedad entre el sector público y privado para administrar asuntos como la lectura de medidores y facturación. La legislatura deberá aprobar otra iniciativa en agosto, para establecer un marco regulatorio y una política energética a ser usada para ofrecer licitaciones.
“Aquí estamos para hacer cambios transformacionales para Puerto Rico”, declaró el gobernador Ricardo Rosselló y añadió que la medida podría atraer más inversiones. “No es secreto que el desarrollo económico de Puerto Rico ha estado estancado por las últimas décadas”.
Rosselló aseguró que estudios apuntan hacia un gran interés en invertir en la generación y distribución de electricidad en Puerto Rico. Pero no habrá contrato alguno por ahora. La Legislatura tiene 180 días para aprobar otra medida que fijará una política energética y un marco regulatorio, a ser usado por la Comisión de Energía de Puerto Rico para conceder contratos.
El legislador Víctor Pares dijo que privatizar algunos bienes ayudará a la economía puertorriqueña y resultará en una red eléctrica más resistente.