Mientras los inversores se ven alentados por datos positivos provenientes de Europa, hay un fenómeno en el que habría que reflexionar. Un número creciente de pequeñas empresas en Europa se queja de que se enfrentan a retrasos excesivos en el pago de sus trabajos, y grandes partes del sector buscan leyes más severas para abordar el problema.
El Informe de Pago Europeo de 2017, compilado anualmente por el cobrador sueco de deuda Intrum Justitia AB, muestra que el 61% de las 10 mil 468 pequeñas y medianas empresas encuestadas dicen que sus homólogos les han pedido aceptar demoras de pagos más prolongadas de lo que les resulta tolerable.
El año pasado, esa cantidad fue de 46%. El fenómeno es “una preocupación creciente”, indicó el máximo ejecutivo de Intrum Justitia, Mikael Ericson, en una entrevista telefónica. “Esto afecta significativamente tanto el crecimiento como las inversiones en empresas europeas”.
La encuesta sugiere que Europa no está cumpliendo su objetivo de proteger a las pequeñas empresas de los problemas de liquidez que encaran cuando el pago no llega.
Al adoptar la directiva contra la morosidad en 2011, la UE dijo que esta “morosidad influye negativamente” en toda la economía europea y que “para las valiosas PyMEs europeas, una interrupción en el flujo de caja puede significar la diferencia entre la solvencia y la bancarrota”.
Un gran número de empresas encuestadas indicó que desean reglas de pago más estrictas para combatir lo que Intrum Justitia describe como un “deterioro de la cultura de pago”.
De acuerdo con la directiva sobre la morosidad, las empresas tienen que pagar sus facturas dentro de 60 días, “a menos que expresamente acuerden otra cosa y siempre que no sea manifiestamente abusivo”.