El principal problema de Panamá como país es salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), y la sociedad no ha dado la dimensión que merece a esta circunstancia. Así de contundente se mostró ayer el economista Ernesto Bazán, que hizo una presentación sobre los desafíos de Panamá para salir de la lista gris ante la Comisión de Entorno Macroeconómico y Finanzas Nacionales de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).
El GAFI incluyó a Panamá en una lista de observación el pasado mes de junio después de que el Fondo Monetario Internacional revelara las deficiencias estructurales del país en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Desde ese momento los bancos panameños empezaron a ser presionados por parte de sus corresponsales en el extranjero. Incluso una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos exigió a los bancos estadounidenses que tienen relaciones con Panamá y los otros países incluidos en la lista gris que hagan una diligencia debida ampliada, lo que eleva sus costos operativos.
“ Ya hay noticias de bancos internacionales que están dejando de hacer negocios en Panamá”, dijo Bazán, y esto se traduce en un perjuicio para el comercio exterior de los panameños, entre otras cosas.
Además, aparecer en la lista provoca un deterioro de la imagen y confianza. “Los países que integran la lista no son los de mejor reputación y esto puede afectar a la atracción de la inversión extranjera directa, que el año pasado fue de $4,000 millones”.
Las inversiones generan empleo y este, a su vez, ingresos para las familias que gastan y dinamizan el crecimiento económico. Así, según el economista, “menos inversión supondría menor empleo y menos dinamismo económico... En la medida que podamos salir de la lista gris se evitan estas amenazas”.
Para conseguirlo el Gobierno de Panamá pactó un plan de acción con el GAFI que incluye una serie de cambios legales, entre los que se encuentra la actualización de la ley antilavado y la inmovilización de las acciones al portador, que deberán estar implementados a mediados de 2014.
Para Bazán, lograr este objetivo requiere, entre otras cosas, tomar decisiones rápidas y darle mayor prioridad política a las acciones que se deben acometer.
