En 2015, casi una sexta parte de todo el pescado vendido en el mundo fue capturado ilegalmente.
Esta cifra debe reducirse ahora, gracias al acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (PSMA, por sus siglas en inglés), el primer tratado internacional diseñado para hacer frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
En virtud de este nuevo acuerdo, las partes están obligadas a garantizar que cualquier buque pesquero que llegue a uno de sus puertos -incluso para reabastecerse de combustible- debe anunciar su visita y someterse a una inspección de su libro de bitácora, licencias, artes de pesca y de la carga real que transporta.
Las autoridades portuarias se han comprometido a compartir información sobre las infracciones, haciendo más difícil que los pescadores sin escrúpulos traten de buscar otro destino para proseguir con sus prácticas.
El tratado, que fue aprobado por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en 2009, supone un gran paso adelante, que va más allá de la autorregulación del sector pesquero, del que la actividad ilícita supone cada año pérdidas de hasta 23 mil millones de dólares.
Este acuerdo entró en vigencia en 2016, luego de que más de 30 países y la Unión Europea ratificaran el mismo.
Los que pescan de forma ilícita se enfrentan ahora a mayores costos operativos y al riesgo de ser descubiertos y castigados. Los pescadores ilegales, además de lucrar, ponen en peligro los esfuerzos coordinados para una gestión sostenible de los recursos marinos mundiales, para que la pesca pueda prosperar como actividad viable de manera que todos podamos disfrutar sus beneficios nutricionales.
El tratado se aplica hoy en día solo en aquellos países que lo han suscrito. Para darle mayor fuerza y acelerar tanto su eficacia como su impacto, más naciones deben unirse. A medida que lo vayan haciendo, habrá cada vez menos puertos que sirvan de refugio a buques sin escrúpulos dispuestos a incumplir las leyes que regulan los límites de capturas, que se han establecido para proteger la biodiversidad y las poblaciones de peces.
