El anteproyecto de ley que propone eximir a los nacionales del pago por ingreso a los centros de visitantes y al museo del Canal es inconstitucional, porque transgrede el título que creó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Este anteproyecto de ley, que solo tiene un artículo, fue presentado ante la Asamblea Nacional por los diputados Roberto Ayala y Víctor Castillo, del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Pero de acuerdo con el Título XIV de la Constitución Política de la República de Panamá, la ACP es una persona jurídica autónoma de derecho público a la que le corresponde privativamente la administración, funcionamiento, conservación del Canal. “Tendrá patrimonio propio y derecho de administrarlo”, señala el artículo 316 de la Constitución. Igualmente, la ley orgánica de la ACP, del 11 de junio de 1997, establece las normas para su organización y funcionamiento.
En la exposición de motivos del anteproyecto se dice que se trata de un incentivo para que niños y jóvenes conozcan el Canal, pero la ACP ya cuenta desde 2000 con el programa “El Canal de todos”, que cada año trae gratis a más de 20 mil estudiantes de todo el país a conocer las esclusas.
En los centros de visitantes del Canal los adultos pagan $5 y los estudiantes, jubilados y menores, $2.50; mientras que los extranjeros adultos pagan $20 y los menores, $12. Los centros de visitantes generan $15 millones anuales al Canal que van a los ingresos y luego a los aportes al Estado.