La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) solicitó ayer un millón de dólares para apoyar un proyecto que permita a los países en vías de desarrollo negar el acceso a sus puertos a los barcos involucrados en la pesca ilegal.
En una nota, el subdirector General de Pesca de la FAO Ichiro Nomura explicó que “a causa de la subida de los precios alimentarios en el ámbito mundial y la creciente preocupación por la conservación de determinadas poblaciones de peces silvestres, hay más motivos que nunca para impedir que la pesca ilegal afecte a los países en desarrollo”.
Por ello, la FAO pidió a los países donantes fondos que se usarán para financiar un proyecto lanzado en 2005 para “fortalecer las medidas” de los Estados contra la pesca ilegal.
Entre estas medidas se incluyen inspecciones de documentación, capturas y aparejos cuando los barcos atracan para embarcar combustible o suministros o descargar el pescado, o solicitar a las embarcaciones que informen de su actividad antes de entrar en puerto.
“Cuando se detecte que una nave ha estado involucrada en la pesca ilegal, se le puede negar el derecho a atracar, lo que supondrá un perjuicio económico considerable para los armadores”, añade la FAO.
Los pescadores ilegales operan en los países en desarrollo, porque encuentran allí puntos de entrada adecuados para sus capturas ilícitas.
“Se necesitan conocer las prácticas más avanzadas, formación para sus funcionarios y establecer mejores líneas de comunicación para compartir información sobre los transgresores y armonizar sus acciones”, explicó Nomura.
