La economía de Venezuela se contrajo 25% durante el primer semestre de 2018 con respecto al mismo período del año pasado, según un informe del Parlamento, de mayoría opositora.
“Es una contracción sin precedentes en la historia de Venezuela, sin precedentes en la historia de América Latina”, señaló el diputado Ángel Alvarado, de la Comisión de Finanzas.
El legislador precisó que la caída de la actividad económica desde que el presidente Nicolás Maduro llegó al poder en 2014 llega a 50.61%.
“Esto habla del colapso económico que está viviendo el país y que se refleja en la calidad de vida de todos los venezolanos, en el empobrecimiento”, añadió.
Alvarado explicó que la contracción se debe principalmente a la caída de la producción de petróleo -que aporta 96% de los ingresos del país- y al cierre de comercios “por las medidas económicas” del mandatario socialista.
La producción de crudo de Venezuela siguió cayendo en agosto hasta 1.448.000 barriles por día (mbd), 21,000 menos que en julio, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Se trata del nivel más bajo de las tres últimas décadas, excluyendo la caída registrada por una huelga del sector entre diciembre de 2002 y febrero de 2003.
Sin embargo, fuentes secundarias del mercado citadas en el informe de la OPEP aseguran que el retroceso es mayor y que la producción se ubica en 1.235.000 barriles de crudo por día.
Ese nivel no solo es el más bajo en 30 años, sino incluso peor al piso de marzo de 1950.
Venezuela atraviesa una aguda crisis económica que se intensificó con la caída de los precios del crudo entre 2014 y 2016, tras lo cual se recuperaron sin impacto positivo para el país por el deterioro de su industria.
La debacle se caracteriza por una severa escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que podría superar 1,000,000% en 2018, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Maduro asegura que la crisis se debe a una “guerra económica” de la oposición y Estados Unidos para derrocarlo. Washington ha impuesto sanciones financieras a Venezuela y su estatal petrolera Pdvsa, así como a funcionarios del gobierno.