La agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings ratificó ayer la calificación de riesgo soberano de Panamá en BBB, con perspectiva estable.
El “fuerte y estable crecimiento económico”, que ha llevado a un incremento en el ingreso per cápita y que reposa en un activo estratégico como el Canal de Panamá, sostienen la calificación dentro de los niveles de grado de inversión.
La agencia considera que el crecimiento económico se recuperará a niveles de 5.8% en 2019 y 5.5% en 2020, niveles superiores a países con similar calificación. La mina de cobre de Colón, que empezará operaciones este año, será un dinamizador del crecimiento, ya que es una actividad que no existía en ejercicios anteriores.
Además, grandes proyectos de infraestructura programados para comenzar este año, como el cuarto puente sobre el Canal de Panamá y la tercera línea del Metro, impulsarán el crecimiento.
Para 2018, la agencia espera una ralentización del crecimiento a 4% -aún no se conoce el dato oficial de la Contraloría General de la República-, como consecuencia del parón de actividad en el sector de la construcción, afectado por la huelga de trabajadores y por el exceso de oferta de inmuebles en determinados nichos.
Esta ralentización fue compensada por la recuperación de las reexportaciones en la Zona Libre de Colón y por el desempeño del Canal de Panamá.
Entre los riesgos potenciales que vislumbra la agencia para el desempeño económico destacan la disputa comercial entre Estados Unidos y China, que podría afectar los tránsitos por el Canal de Panamá, y los riesgos reputacionales vinculados a temas de transparencia financiera por una eventual inclusión del país en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
A través de la calificación de riesgo, las agencias emiten una opinión sobre la capacidad y la voluntad de un país para repagar sus deudas.
En este caso, el efecto positivo del crecimiento económico es compensado por el desempeño fiscal. La agencia se refiere a una base de ingresos del Gobierno “relativamente estrecha” y un registro dispar en el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal o reducción del déficit, que ha llevado los niveles de deuda a una tendencia creciente.
El Gobierno modificó el pasado mes de octubre la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para, entre otras acciones, elevar los límites de déficit a 2% para 2018 y 2019.
En la opinión de Fitch, la relajación de los límites de déficit a corto plazo es un obstáculo para mejorar la credibilidad de la política fiscal del país.