Una profunda brecha se mantiene entre la demanda de aumento salarial del 8.9% solicitado por los empleados públicos y el 3.7% ofrecido por el Gobierno, que según el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, contempla un porcentaje de incremento real descontada la inflación.
El primero de los encuentros entre el Gobierno y los representantes de los 400 mil empleados públicos no produjo acuerdo, pero las partes continuarán sus negociaciones antes que las autoridades envíen al Congreso el proyecto de aumento, que debe comenzar a regir el 1 de diciembre.
El desacuerdo entre las partes “no es una situación anómala. Es una situación que se ha venido dando todos los años”, afirmó Larraín en declaraciones ayer a radio Cooperativa. Al defender la propuesta oficial, Larraín dijo que “tenemos que pensar también en la realidad del mercado laboral”, apuntando que en el sector privado el crecimiento de los salarios es inferior al 4%. Destacó que en términos reales el aumento propuesto por el Gobierno implica una mejora del 0.6% para los empleados públicos, por cuanto la inflación prevista para este año está en torno al 3.1%.
