Los diputados británicos votan a partir de mañana concretar o postergar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, prevista el 29 de marzo, casi tres años después del referéndum de 2016 sobre el brexit.
De momento, las negociaciones técnicas y políticas prosiguen en Bruselas, donde los representantes británicos quieren obtener de sus homólogos europeos modificaciones del acuerdo de retirada firmado con la Unión Europea (UE) en noviembre.
Este texto fue masivamente rechazado por el Parlamento británico el 15 de enero. Desde entonces la primera ministra británica, Theresa May, libra una batalla en dos frentes: por un lado, intentar obtener más concesiones de la UE, y por el otro tratar de convencer a los parlamentarios de su país que cambien de opinión.
Theresa May
Primera ministra de Inglaterra.
En esta carrera contrarreloj, la premier británica afronta la negativa de los europeos de reabrir las negociaciones. May podría volver a Bruselas para intentar obtener alguna última concesión.
En todo caso, May retornará mañana a la Cámara de los Comunes para someter de nuevo ante los diputados el acuerdo de retirada. Si es adoptado, Reino Unido tendría un brexit ordenado, 46 años después de haberse sumado a lo que entonces era la Comunidad Económica Europea.
En caso de rechazo, les preguntará el miércoles a los diputados si quieren salir de la UE sin acuerdo. Este escenario de ruptura brutal preocupa a muchos parlamentarios y a los medios empresariales, debido a sus consecuencias económicas potencialmente caóticas.
Si los diputados se oponen a una ruptura brutal, votarán el jueves una propuesta para una postergación “limitada” del brexit, más allá del 29 de marzo. Los dirigentes europeos han advertido que, para ser aceptada, esta postergación debe estar claramente justificada.
Pero hay alternativas a este plan de May. Si los diputados rechazan un brexit sin acuerdo, una nueva votación sobre el acuerdo podría ser organizada inmediatamente después.