General Motors se convirtió en la más reciente corporación estadounidense a la que el Gobierno de Venezuela le confisca una fábrica y otros bienes, mientras la automotriz de Detroit enfrenta una situación cuesta arriba para recuperarse de los daños.
GM informó ayer que su única planta en Venezuela fue confiscada el miércoles mientras manifestantes que protestan contra el Gobierno se enfrentaban con las autoridades en un país repleto de problemas económicos, como la escasez de alimentos e inflación de tres dígitos.
El fabricante de automóviles dijo en un comunicado que otros activos —como los vehículos— fueron retirados de la planta, causándole daño irreparable.
Esta es la última de muchas confiscaciones de fábricas y otros bienes que realiza el gobierno, que han sido elementos básicos de la llamada revolución socialista en Venezuela y que el fallecido líder Hugo Chávez echó a andar hace unas dos décadas.
Actualmente, más de 25 empresas están peleando con Venezuela ante un panel de arbitraje patrocinado por el Banco Mundial por decomisos ilegales de bienes.
En marzo, un panel de arbitraje del BM determinó que Venezuela no tenía que pagar mil 400 millones de dólares a Exxon Mobil Corp. por confiscar bienes de la empresa durante una ola de nacionalizaciones.
La fabricación de autos en Venezuela casi se ha detenido debido a la crisis.
El gobierno, carente de efectivo, ha dejado a las automotrices sin acceso a los dólares que necesitan para importar refacciones y repatriar ganancias.
La fábrica de GM en la ciudad industrial de Valencia no ha fabricado un solo auto desde el 2015. A nivel nacional, las armadoras solo ensamblaron 2 mil 849 vehículos el año pasado, en comparación con el récord de 172 mill 218 en el 2007.
Pese al panorama sombrío de Venezuela, muchas automotrices han decidido quedarse en el país y evitar el paso drástico de cerrar sus operaciones para evitar perder participación en el mercado, en caso de que la economía mejore drásticamente o un gobierno más amigable al comercio llegue al poder.