La dura situación de Puerto Rico está a punto de volverse aún más difícil. Transcurridos casi seis meses desde el huracán María, el gobernador Ricardo Rosselló propone algo que, para muchos, sería impensable después de una década de recesión: austeridad.
Su plan de fusionar ministerios de gobierno y reducir la ayuda municipal y universitaria pone en evidencia hasta qué punto se ha agravado la situación desde la tormenta de septiembre.
La cruda realidad es que el gobierno se mantuvo a flote con dinero prestado durante años y ahora el grifo se cerró. El territorio estadounidense está en bancarrota y tiene déficit, y los acreedores pelean ante el tribunal de quiebras por los 74 mil millones de dólares que se les adeudan.
Para los bonistas y los 3.3 millones de habitantes, el interrogante es si la medida traerá aparejados más perjuicios que beneficios o si ayudará a Puerto Rico a reorganizar su motor económico y pagar una proporción mayor de su deuda. “Las cosas no van a mejorar por arte de magia”, dijo Jason Bram, economista de investigación de la FED de Nueva York.
Los inversores, las compañías de seguros que invierten en bonos, el consejo de supervisión y los funcionarios de la isla vienen debatiendo cómo reducir la carga a través de una mediación que es parte de la quiebra de la isla.
El plan fiscal de Rosselló estima que el gobierno central podría estar en condiciones de pagar casi la mitad de los $41 mil millones de capital que debe, suma que no dejó satisfechos a los acreedores.