El Consejo de Gabinete analizará hoy las medidas que aplicará a Colombia como respuesta a la inclusión de Panamá en su lista de paraísos fiscales.
La vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo, dijo en una rueda de prensa que el país agotará la vía diplomática para resolver la situación, pero eso no quiere decir que no se actuará con firmeza.
El primer requisito que pone el Gobierno para dialogar es que Colombia retire a Panamá de la lista de paraísos fiscales, que además de perjudicar la imagen del país penaliza las ventas de empresas panameñas en Colombia.
“Panamá no puede sentarse a negociar nada mientras no se nos retire de la lista, porque eso sería negociar bajo una medida de presión, lo cual contraviene el espíritu del derecho internacional”, dijo De Saint Malo. Sobre las medidas que Panamá le aplicaría a Colombia, la canciller expresó que “todo está sobre la mesa”.
Ayer, en dos eventos distintos, el sector empresarial panameño –representado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada y el Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (Cosip)– manifestó su rechazo a la acción del Gobierno de Colombia y pidió a las autoridades locales que aplique medidas de retorsión, entre las que citaron la imposición de tributos adicionales a las ventas de empresas colombianas a Panamá y a las remesas que salen de Panamá hacia el país sudamericano; la supresión del Tratado de Montería, por el cual las embarcaciones oficiales colombianas no pagan sus tránsitos por el Canal de Panamá; la cancelación del proyecto de interconexión eléctrica entre los países; una eventual demanda ante la Organización Mundial del Comercio; la exigencia de visas a ciudadanos colombianos; e incluso, la repatriación de presos colombianos que están en las cárceles de Panamá.
El presidente del Cosip y de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Troetsch, recordó que quienes están saliendo más perjudicados con esta situación son los ciudadanos del país suramericano.
Mientras tanto, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que la declaratoria de paraíso fiscal no es una decisión en contra del país, sino una medida para perseguir a los evasores fiscales.