En estudio solicitado por el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá en el año 2016 al experto extranjero independiente Richard Frederick, se evaluaron las prácticas de gobierno corporativo de cinco empresas de propiedad estatal panameñas (EPE). Las EPE seleccionadas fueron: ENA, Etesa, Idaan, Metro de Panamá y Aeropuerto de Tocumen.
A juicio del experto independiente, y luego de evaluar la información pública disponible y compararla con el punto de referencia internacional en la materia que son los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el gobierno corporativo de las empresas de propiedad estatal (revisados en 2015), las 10 peores características de las EPE estudiadas fueron:
1. Débil implementación de la ley de contrataciones públicas.
2. Composición de la junta directiva sesgada en exceso hacia nombramientos políticos y grupos de interés.
3. Juntas directivas tienen autonomía limitada y ninguna independencia.
4. Procesos de nombramiento de las juntas directivas son opacos y no explícitamente basados en mérito.
5. Débil monitoreo por la junta directiva de sistemas de gobierno corporativo, control y presentación de informes.
6. Ausencia de comités de auditoría de mejor práctica.
7. Una falta casi total de transparencia con respecto al gobierno corporativo.
8. Sistemas limitados para controlar y divulgar conflictos de intereses.
9. Cultura de administración pública.
10. Falta de conocimiento de buenas prácticas.
Frente a cada deficiencia encontrada, el estudio brinda recomendaciones de cómo mejorar, indicando el responsable de la acción a tomar. Por ejemplo, en la deficiencia “Débil implementación de la ley de contrataciones públicas”, el estudio observa que “las contrataciones públicas dan la impresión de estar bien reglamentadas. Sin embargo, las estructuras de gobierno corporativo no parecen ser lo bastante fuertes como para garantizar que las contrataciones públicas se realizan de manera justa o transparente y que no ocurran transacciones abusivas y actos ilícitos entre partes relacionadas”.
Para mejorar, el estudio recomienda: “Los sistemas de control deben ser lo bastante fuertes para garantizar contrataciones públicas justas y transparentes, a pesar de los intentos por desvirtuar las reglas. Las juntas deben gozar de mayor independencia para supervisar los controles”.
En la deficiencia relativa a la “composición de la junta directiva sesgada en exceso hacia nombramientos políticos y grupos de interés”, el estudio considera que “las juntas directivas están dominadas por funcionarios y, en ocasiones, por figuras políticas de alto nivel, así como representantes de grupos de interés cuya lealtad no radica ante todo con la EPE. Ninguna de las EPE del estudio pudo demostrar que cuentan con miembros independientes y casi no hay diversidad de género”.
Para mejorar, el estudio recomienda: “La Presidencia de la República debe usar su autoridad para aprobar los nombramientos políticos, introducir independencia y mejorar la competencia. Esto ayudaría a la Presidencia desarrollando una política de nombramientos que especifique que tales designaciones deben basarse en mérito y en la necesidad de independencia”.
En tiempos actuales de cambio de autoridades electas, es conveniente insistir en que la implementación de las recomendaciones requiere voluntad de los responsables.
El autor es abogado