El Ejecutivo ha comenzado un proceso de acercamiento con los gremios empresariales para promover reformas a la Ley 22 de 2006, de contrataciones públicas, que desde su creación ha sido modificada en por lo menos ocho ocasiones.
Según el Gobierno, con las reformas se robustece la legislación para mayor eficiencia y transparencia.
La iniciativa fue presentada ayer, a puerta cerrada, a los directivos de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) por el abogado Gaspar Tarté, asesor legal de la Presidencia.
“Los cambios más importantes buscan promover la participación de la micro, pequeña y mediana empresa en las compras del Estado”, dijo Tarté.
Indicó que la experiencia ha sido que cuando las microempresas intentan vender bienes y servicios, “mueren en el camino”, debido a la burocracia, los requisitos y la falta de pagos que en muchas ocasiones causan la quiebra.
Para la construcción de obras y suministro de alimentos producidos en Panamá, las entidades licitantes realizarían actos públicos para la participación exclusiva de empresas nacionales en contratos que no sobrepasen los $7 millones.
El presidente de la Capac, Héctor Ortega, dijo que revisarán el documento para hacerle recomendaciones al Ejecutivo.