El Grupo Graña y Montero (GyM), socia menor de un proyecto de gasoducto en Perú controlado por la brasileña Odebrecht, dijo que el Estado peruano tendría que pagar entre $1,200 y $1,400 millones en compensación si decide rescindir el contrato actual en medio de demoras de financiamiento.
El gerente general corporativo del Grupo Graña y Montero, Mario Alvarado, dijo en una entrevista con Reuters que la reanudación del desarrollo del proyecto podría tomar hasta tres años, si el grupo liderado por Odebrecht no cumple en enero con el plazo para cerrar el financiamiento y el Gobierno decide realizar una nueva subasta para encontrar otro operador.
“El daño realmente es para el país y eso hay que evitarlo a toda costa. Es un proyecto que es muy beneficioso, sobre todo para el sur del país”, dijo Alvarado en un intervalo durante una cita empresarial en Paracas, al sur de Lima.
Representantes del Gobierno peruano no estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios. En el proyecto, la firma brasileña Odebrecht tiene el 55% de participación, la española Enagás un 25%, y Graña y Montero el 20% restante.
La semana pasada, la estadounidense Sempra anunció que terminó sin acuerdo una negociación con Odebrecht para comprar el control del proyecto de gasoducto de más de $5 mil millones, que está bajo la lupa por investigaciones de presunta corrupción en su concesión en 2014.
El acuerdo entre ambas compañías se truncó después de que el Gobierno se negó a eliminar una cláusula anticorrupción que tenía que firmar Sempra en el contrato como nuevo operador.
Alvarado dijo que todavía es optimista en que Odebrecht pueda encontrar una empresa para reemplazarla en el proyecto, una condición de los bancos que proporcionarán un préstamo de $4 mil 125 millones necesarios para la construcción.
“Estamos trabajando muy fuerte para que el proyecto salga adelante, con nuestros socios. Somos positivos siempre”, afirmó.
Odebrecht, la mayor empresa de construcción e ingeniería de Latinoamérica y que actualmente enfrenta un escándalo de corrupción en Brasil, busca concretar la venta de este proyecto en Perú, mientras ofrece también otros activos en la región en busca de recaudar efectivo y pagar deudas.