Después de casi cinco años, la empresa Ideal Panamá, del millonario Carlos Slim, finalmente construyó la planta hidroeléctrica Bajo de Mina en el río Chiriquí Viejo, pero existe escepticismo sobre el comienzo de la operación, programada para agosto de este año.
En febrero pasado la Corte Suprema de Justicia reiteró que es ilegal la resolución que le otorgó en 2007 la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) a la empresa Ideal Panamá para generar energía.
El 12 de noviembre de 2010, el fallo firmado por los magistrados Víctor Benavides (ponente), Alejandro Moncada Luna y Winston Spadafora, declaró ilegal la resolución de la Asep que canceló una concesión hidroeléctrica a La Mina Hidro-Power y luego se la adjudicó mediante subasta a la empresa Cicsa Ideal, de Slim.
La demanda fue presentada por un representante legal de La Mina Hidro-Power, propiedad de Julio César Lisac, contra la resolución de la Asep, del 20 de diciembre de 2006, firmada por el ex administrador de la entidad Víctor Urrutia, quien canceló la concesión bajo el argumento de que ésta no comenzó la construcción de la hidroeléctrica en el término de 12 meses que establece la ley.
Después de la cancelación de la concesión, la Asep convocó a una licitación en 2007, en la cual participó la empresa de Slim y se adjudicó la concesión de Bajo de Mina y Baitún por $32 millones, $21 millones por la primera y $11 millones por la segunda.
Slim procedió a construir la hidroeléctrica pese a que no se habían resuelto las denuncias presentadas por Lisac, que alega que tomará posesión de la concesión con toda la infraestructura que ya fue construida en el lugar.
Según Lisac, Slim debe reclamarle la inversión al Estado panameño por haberle otorgado la concesión de manera ilegal.
La Asep informó que ha acatado la orden de la Corte, pero se desconoce en la práctica cómo funcionaría el falló. Lisac tiene el derecho a generar energía con el agua del río Chiriquí Viejo, pero Slim es el propietario de las estructuras que le costaron 170 millones de dólares.
La Procuraduría de la Administración elevó en enero pasado una solucitud de aclaración de sentencia a la Corte para que detallara el alcance del fallo, pero este órgano la rechazó de plano.
