Los consumidores panameños continúan sin una legislación actualizada que los proteja de arbitrariedades y acciones de algunos agentes económicos al momento de adquirir un bien o servicio.
Hace tres años se planteó una reforma a la Ley 45 de octubre de 2007, que creó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Comptencia (Acodeco), pero la iniciativa no prosperó y ahora con una nueva administración en la entidad se retomó el tema.
El administrador general de la Acodeco, Óscar García Cardoze, dijo ayer durante la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores que espera que la propuesta de reformas sea aprobada en el actual gobierno.
A pesar de que ya se había planteado este tema con el exministro de Comercio e Industrias Melitón Arrocha, nuevamente se tuvo que traer el tema con el nombramiento en su reemplazo de Augusto Arosemena. El proyecto lo debe presentar el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su debate.
Una de las modificaciones planteadas es elevar la cuantía en la que tendría competencia la Acodeco para resolver reclamos por el valor de los bienes y servicios. De $2 mil 500 que se maneja actualmente se propondrá que llegue hasta $5 mil.
García Cardoze dijo que elevar el monto permitiría que algunos casos, como de equipos electrónicos que superan los $2 mil 500, donde no tienen competencia, lo puedan resolver administrativamente y más rápido, en lugar de acudir a un proceso de conciliación o a los tribunales, donde tarda más la solución del problema.
“El consumidor no está buscando que se multe al establecimiento, lo que está buscando es que se le pueda resolver y pronto”, admitió el funcionario.
“No es que las empresas no van a tener derecho a ser escuchadas ... pero tenemos de alguna manera que priorizar y darle una relevancia a las afectaciones que en ese momento tiene un consumidor y que por lo tanto espera y requiere que se le pueda atender en cuestiones de semanas y no de meses”, apuntó García.
Otros de los problemas que enfrenta la entidad en cuanto a violación de derechos de los consumidores, es que si un agente económico es citado y no asiste la primera vez, puede ser convocado a una segunda, lo que atrasa el proceso.
Por lo que uno de los cambios que se propone es reducir a una sola citación y si la empresa no acude, entonces se le puede declarar en desacato, sumado a que la entidad puede fallar inmediatamente con las pruebas que aportó el consumidor y que reposan en el expediente.
Otro aspecto que se propone es que si hay un establecimiento con productos vencidos a la venta, la Acodeco pueda imponer una boleta de multa inmediatamente. La actual ley dispone que hay que levantar un acta cuando existe una anomalía y se tiene que hacer una citación posterior al agente económico para que presente sus descargos.
“Hay todo un proceso burocrático que consume recursos y tiempo. Cuando es una violación flagrante ... es como el caso de multas de tránsito, que si te pasas la luz roja, o vas en exceso de velocidad y el radar del policía lo detecta, no tiene sentido que te den una citación, para que luego te sancionen”, reclamó el administrador de la Acodeco.
Otro de los temas que se ventila en la reforma a la ley de la Acodeco, es el referente al sector inmobiliario y que según los especialistas va a requerir de una amplia consulta con el sector.
En este tema se plantea que haya un mecanismo que garantice los depósitos que hacen los consumidores cuando deciden comprar un inmueble, de tal manera que si no se construye o hay retraso injustificado, el cliente pueda obtener de vuelta su dinero porque está protegido.
También se busca crear una especie de fianza que permita que durante un periodo de 10 años, haya manera de atender los reclamos y reparaciones de los consumidores, aunque las promotoras hayan desaparecido.
Según Óscar García Cardoze estas reformas puede concretarse en este gobierno, porque en su mayoría son de carácter institucional y de procedimiento, que no representa una modificación a la forma de hacer negocio.
“Nosotros no podemos decir que tengamos la verdad absoluta. Tenemos una propuesta. Estamos convencidos de que es positiva, pero estamos totalmente dispuestos a poder conversarla, a discutirla en profundidad con los sectores involucrados para que ellos planteen las preocupaciones u objeciones que puedan tener”, puntualizó el administrador de la Acodeco.
Después de casi 10 años de vigencia de la ley, los expertos consideran que se necesita una revisión de la norma para adecuar su contenido al desarrollo que ha tenido el comercio.
